El desenlace final del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la historia de España, está en manos de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad está por los suelos. El motivo es que la acusación ha recusado sin éxito a tres de los magistrados que integran el órgano que debe dictar justicia sobre un caso que salpica a gran parte de la cúpula del Partido Popular (PP). No es para menos.

Dos de los jueces impugnados, Concepción Espejel y Enrique López, fueron designados por el partido gobernante para desempeñar altos cargos en el máximo órgano del Poder Judicial español, mientras que el tercer magistrado rechazado, Julio de Diego, fue ponente de un auto que libró a uno de los principales encausados en esta trama, el extesorero del PP Luis Bárcenas, de declarar en febrero de 2013.

El ponente de la sentencia definitiva será López, exmiembro del Tribunal Constitucional, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, pero que renunció al cargo tras ser descubierto en estado de embriaguez cuando conducía su moto y se saltó un semáforo en rojo.

Ahora juzgará el escándalo de corrupción que acorrala al PP y al Ejecutivo conservador que tanto le ayudó en su fulgurante carrera.

López también es un colaborador activo de FAES, la fundación principal del PP que preside José María Aznar, y ha intervenido como invitado en varias de las conferencias políticas del partido.

Las reacciones han sido constantes desde que la semana pasada se tuvo constancia de estos nombramientos y sus correspondientes recusaciones.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) considera que no hay motivos para la alarma “porque los tres jueces están avalados por una actuación profesional impecable”.

En opinión del presidente de la APM, Pablo Llanera, “la ciudadanía puede estar tranquila porque están habituados a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales”. Pero no todos los juristas españoles comparten tan generoso y tranquilizador punto de vista.

El portavoz de la progresista asociación Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, destacó que un magistrado no solo debe ser imparcial sino, además, parecerlo. “La clave está en la quiebra de la apariencia de imparcialidad”, aseguró. Tanto Bosch como el abogado de Baltasar Garzón en el proceso inicial de la Gürtel del que fue finalmente apartado, consideran urgente reformar la Ley que en España permite que los magistrados que hayan ocupado cargos institucionales con el PP y el PSOE puedan formar parte de los tribunales que dictan sentencia en casos en los que están implicados estos partidos. El sistema de designación por parte del Congreso es demoledor.

Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos de corrupción en España han ocupado cargos en la administración con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial nombrados por el PP o por el PSOE. Demasiado sospechoso para 7 de cada 10 ciudadanos españoles que no creen en la imparcialidad de la Justicia, según el último estudio publicado por el Módulo de Bienestar sobre las Condiciones de Vida.

El asunto es todavía más preocupante cuando se trata de los designados para dictar sentencia sobre una trama tan compleja como relevante para el futuro político del PP. En el Caso Gürtel, nombre con el que se conoce a la más famosa red de corrupción política de la historia en España vinculada al PP, hay 74 políticos imputados, 61 empresarios y otras 52 personas al servicio de Francisco Correa, el cerebro de la trama que vivió su éxito durante los gobiernos de Aznar.  

Los primeros cálculos estiman que se apropiaron de forma ilegal de 140 millones de euros procedentes de fondos públicos.

Pero todo resulta estimativo en el caso más voluminoso de la historia judicial española, cuyo sumario ha pasado por las manos de tres magistrados durante los últimos 6 años para completar más de 2.000 tomos donde están recopiladas las 147 comisiones rogatorias clave realizadas en 21 países, entre los que se encuentran Colombia, Uruguay, Argentina, Panamá, un buen número de Estados europeos y los paraísos fiscales más conocidos.

La trama, además, presenta varias derivaciones. Una de ellas es la contabilidad B del PP, los ingresos nunca declarados a la Hacienda Pública.

Son cantidades incontables de dinero negro procedentes de donativos ilegales de constructoras que el tesorero del partido, Luis Bárcenas, asegura haber entregado de forma privada a los principales dirigentes conservadores.

Hasta el momento solo el juez Baltasar Garzón ha sido condenado por el caso y no fue por corrupción sino por vulneración de la intimidad al ordenar las grabaciones en prisión de las conversaciones de algunos imputados con sus abogados. (I)