La ministra británica de Interior, Theresa May, ha defendido el plan del Gobierno para que la policía y los servicios secretos tengan acceso a información sobre correos electrónicos, llamadas y mensajes de móviles de los ciudadanos.

El Gobierno espera presentar el plan ante el Parlamento en las próximas semanas, si bien ha sido condenado por las organizaciones que defienden los derechos civiles de la población.

En un breve artículo publicado este martes en el diario "The Sun", May justifica el proyecto a fin de combatir las actividades de grupos terroristas, pederastas y criminales, pero aseguró que las fuerzas del orden no vigilarán los correos del ciudadano de a pie.

"Internet es parte de nuestra vida diaria, pero la nueva tecnología también puede ser utilizada con abuso por criminales, pederastas y terroristas que quieren ocultar sus pistas y mantener sus comunicaciones en secreto", señala la titular de Interior.

"Actualmente, la policía y los servicios secretos usan información de los teléfonos para resolver delitos y protegernos. Ver con quién habla un sospechoso puede llevar a la policía a otros delincuentes. Se pueden descubrir redes pederastas, conspiraciones de criminales y complots terroristas", agrega.

En su opinión, el Gobierno "no puede permitirse" desaprovechar estos instrumentos tecnológicos.

Según el plan, se pedirá a las empresas de internet que faciliten al centro de escuchas de Cheltenham (oeste de Inglaterra) -conocido por sus siglas GCHQ y cuyas actividades son secretas- el acceso a las comunicaciones de la población en cuanto lo soliciten.

Aunque no tendrá acceso al contenido de los correos o los mensajes intercambiados sin una orden judicial, el GCHQ sí podrá identificar a las personas que se comunican, así como la frecuencia y el tiempo que dura la comunicación, según la idea.

El grupo defensor de las libertades civiles "Liberty" ha criticado el plan por considerarlo demasiado ambicioso y ha recordado que el anterior Gobierno laborista intentó aplicarlo pero contó con la oposición de los partidos que están ahora en el poder.

En 2006, el Gobierno laborista buscó introducir una legislación similar pero se topó con la fuerte oposición de los conservadores y los liberaldemócratas, quienes forman la actual coalición.