Con 131 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución que rechaza la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas en la Reserva Marina de Galápagos.

"Galápagos no solamente le pertenece a los ecuatorianos, sino a la humanidad. Es el último refugio de las especies marinas, parte del 2% de los lugares del planeta donde todavía se pueden encontrar ciertas clases de tiburones y especies marinas", apuntó Jorge Yunda, quien presentó el proyecto de resolución. 

El legislador alertó que se trata de "una pesca criminal, depredadora, en donde se lanza al mar más de 30 kilómetros de una mortal soga de nailon, que cada 2 metros hay un anzuelo y no discrimina lo que se pesca, pues ahí se enreda toda clase de especies. Con el grupo parlamentario lo hemos denominado como un genocidio animal". 

En su intervención, Yunda aseguró que la pesca de tiburones, por ejemplo, se produce debido a que sus aletas son cotizadas en países asiáticos, donde una sopa se vende hasta en $ 200, sin ninguna evidencia científica ni médica de las propiedades de las aletas.  

Añadió que un tiburón vivo podría generar en turismo hasta $ 5 millones. Yunda invitó a los asambleístas a condenar "este hecho macabro", al recordar el hallazgo en días pasados de 300 toneladas de especies vulnerables capturadas en las bodegas de un buque chino.

En su exposición, el legislador, incluso, aseguró que la embarcación venía con combustible subsidiado, "porque pescar en Galápagos no sería rentable si el combustible del país de origen no fuera subsidiado". 

El proyecto, agregó, solicita que se dote de los recursos necesarios a la Marina para no estar totalmente desprotegida y que los daños, aunque irreparables, sean resarcidos.

El documento pretende que se declare como prioridad la revisión de la legislación vigente, a fin de contar con un ordenamiento jurídico que sancione, de manera severa, los actos que atenten contra la conservación y la ordenación de peces.

En la actualidad, es el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el que tipifica los delitos contra la flora y fauna. Establece que la persona que cace, pesque, capture, transporte, comercialice especímenes o sus partes, de especies amenazadas o en peligro de extinción, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

De acuerdo con el asambleísta, se pretende, además, exigir a los navíos del país asiático que se encuentran en las inmediaciones de la zona económica exclusiva, el absoluto respeto a la soberanía e instrumentos internacionales. (I)