Después de siete años de vigencia, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se adecuó. La norma, consensuada con las autoridades de los centros de formación de pre y posgrado, incorporó el sistema de formación técnica y tecnológica. Con la reforma -aprobada por la Asamblea Nacional en mayo de 2018- los institutos superiores y los conservatorios de música otorgarán un título equivalente al que entregan las universidades.

En la actualidad, quienes opten por ese tipo de formación pueden continuar sus estudios. ¿Cómo? Con un año adicional de preparación acceden a una licenciatura, mientras que para una ingeniería son dos. Con esa formación académica podrán cursar una maestría o un doctorado.

Para que estos centros entreguen títulos de pregrado y extiendan su oferta académica hasta un cuarto nivel es necesario que se  acrediten. Así lo explicó Adrián Bonilla, quien en agosto último fue encargado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Uno de los institutos que trabaja para transformarse en un centro universitario es el Instituto Tecnológico Central Técnico, ubicado en el norte de Quito. Ahí la demanda de estudiantes se incrementó. En mayo del 2017 el establecimiento tuvo 1.000 estudiantes, mientras que para el periodo que inició en noviembre último se matricularon 2.600.

La planta docente también aumentó, señaló José Luis Flores, rector de este centro de formación. Pasó de 145 profesores a 195. El funcionario agregó que con los cambios planteados también se verá un mayor interés de los jóvenes por obtener tecnologías en tercer nivel.

Bonilla también recordó que para que los institutos sean capaces de ofertar títulos de cuarto nivel o maestrías deberán hacer un esfuerzo mayor, por lo que los resultados se verán “recién en unos cuatro o cinco años. Existe una posibilidad pero no es inmediata”, indicó el funcionario.

En cuanto a las universidades, los cambios a la normativa buscan darle más fuerza a la investigación. Las fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias se mantienen con la inversión en investigación, otorgamiento de becas, ayudas económicas y otras. Sin embargo, se incluyó que los ingresos serán manejados de manera autónoma por la universidad en una cuenta propia e independiente. Podrán ser auditados, eso sí, como lo determina la norma.

Para el próximo año se anunció un ajuste (reducción de presupuesto) para la educación pública superior. Sin embargo, las movilizaciones estudiantiles y la presión de 22 rectores que se reunieron con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, frenaron el recorte.

En ese encuentro se acordó restituir en la proforma del Presupuesto 2019 las asignaciones para las universidades públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) dijeron que estarán vigilantes.

En la proforma 2019, que revisa la Comisión de Desarrollo Económico desde el 12 de noviembre, se recortan $ 145,1 millones en el presupuesto de las universidades. Para 2019 están previstos $ 1’297,91 millones. En 2018 hubo $ 1’ 443,04 millones. Este último es el presupuesto que, según el acuerdo con los rectores, sería asignado a los centros de educación superior en este nuevo año.

Andrés Quispe, expresidente de la FEUE, señaló que tener una educación de calidad sin presupuesto no es posible. Mencionó un caso concreto: la falta de infraestructura y eficiencia durante la asignación de cupos. A junio del 2018, 117.000 bachilleres, más 127.000 jóvenes rezagados, buscaron una plaza en un centro de educación superior.

Las universidades ofertaron 60.687 cupos, mientras la educación tecnológica ofreció tan solo 15.000. “La demanda supera la infraestructura”, indicó. (I)