Desde la semana pasada, Ecuador se sumó a los países en los que se permite  el consumo de marihuana y otras drogas en dosis controladas.

Esto ocurre luego de que se publicara la tabla que fija cantidades máximas de porte de estas sustancias en el Registro Oficial del Estado de Ecuador, resolución emitida por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).           

Gabriel Buitrón, fundador de “Ecuador Canábico”, un colectivo que impulsa la despenalización desde el 2008, asegura que esta medida es beneficiosa, pero no suficiente. “Esto ayuda a diferenciar a consumidores de  expendedores, pero opinamos que aún falta  dar pasos más grandes en cuanto a decisiones políticas, porque el problema de las drogas no está en los consumidores sino en el mercado ilegal, que ha generado violencia, trata de personas y las tasas más altas de asesinato en Latinoamérica”.      

Buitrón propone que se den otras disputas “como la regulación que permita el autocultivo o también como existe en España, donde los consumidores pueden asociarse para cultivar no más allá de lo que van a utilizar, y que aquello  pueda regularlo el Ministerio de Salud”.   

Con aquello concuerda la agrupación “Guayaquil Canábico”, formado por Tatiana Jiménez, Xavier Erazo, Carlos Armas, Andrés Loor  y Jorge Cabezas.

“Lo más interesante de la marihuana es que no necesita de un proceso largo para ser cultivada, como requieren otras plantas. Por eso creemos que el autocultivo reduciría ostensiblemente las redes de narcotráfico”, indica Armas.

“El cannabis no solo  debe de analizarse desde el punto de vista del consumidor, sino desde los beneficios que presta esta planta milenaria, ya sea en el campo agrícola, medicinal o textil”, dice  Jiménez.

“De despenalizarse, consideramos que  esto puede significar una competencia para el cigarrillo y el alcohol. Se reducirían los índices del consumo de estos. Se trata de un conflicto de poderes”, dice Cabezas por su parte.          

En el ámbito judicial, para el abogado Xavier Flores se trata de una medida bastante atinada  que garantiza la seguridad jurídica y promueve el respeto a la libertad individual, ya que con ella   se cumple lo que establece el Art. 364 de la Constitución de 2008.

Un consumidor habitual por lo general diariamente utiliza entre uno y tres gramos“Antes no había una cantidad que pudiera ser considerada de consumo o dosis personal, sino que quedaba al arbitrio de un juez, que determinaba según las cantidades, que  variaban de 2 hasta 20 gramos, si era  para el  consumo o  el tráfico.  Pero es interesante verlo porque de esa manera el ciudadano, si mañana un Policía le encuentra en su poder una cantidad de marihuana menor de la que está establecida en la norma, no debería tener problemas, ni ser molestado, ya que no ha cometido ninguna infracción”.

Sobre la regulación de la cantidad de porte de estas sustancias que fijó el Consep (se podrá portar el máximo de 10 gramos)  Buitrón dice que “es una dosis responsable”.

El activista social guayaquileño explica que por lo general un usuario habitual de marihuana diariamente consume de 1 a 3 gramos. “Las que se publicaron en las tablas bastarían para una semana. Hay que diferenciar al consumidor habitual, del ocasional y del problemático”, indica.  

No obstante, para Marisela Peña la decisión del organismo  “promoverá  que en el país se den más casos de  adictos a estas sustancias; esto quiere decir que los niños lo van a ver como algo normal”, un criterio que Flores rechaza. “Se evitarán un montón de juicios inútiles que arruinan vidas y que le cuestan mucho al Estado y no son eficaces en el ataque de las drogas en general”, indica.

“Se ha estigmatizado al marihuanero. Está demostrado que en Portugal -donde la marihuana fue despenalizada desde el 2001- los índices de consumo bajaron. Lo mismo ocurre en Uruguay, donde se plantea una regulación bastante amplia, que no solo regularía el comercio sino la producción, distribución y abastecimiento de cannabis”.

Buitrón indica que el colectivo replicará en la elaboración de un proyecto que promueva la regulación de producción, distribución y abastecimiento de la planta, pero enmarcado en el contexto nacional. Prevén presentar el texto en la Asamblea Nacional, cuando se discuta en el Código Orgánico Penal.