Hace 7 años, un grupo de padres de familia de estudiantes de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) supieron que sus hijos eran víctimas de maltrato y delitos sexuales. El autor era uno de los profesores de ese centro educativo, quien renunció a su cargo antes de que un proceso judicial iniciara por lo que hizo.

Los denunciantes se han agrupado alrededor de la Comisión Aampetra, el colectivo Sentimos Diverso y la fundación Rescate Familiar. Hay unos 43 casos en proceso y el eco que generaron los familiares de las víctimas, en medios de comunicación, organizaciones civiles y otros padres hizo que la pregunta 4 se integrara al referéndum que se lleva a cabo este domingo, 4 de febrero de 2018.

“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4?”, es el texto que concitó la atención de madres como Mercedes Molina, quien votó a las 08:30 en el colegio Emilio Uzcátegui, del barrio Santa Rita, al sur de la capital.

Molina, de 36 años, recibió una mala noticia en 2010. Una de sus tres hijas le había contado a su abuela que uno de sus profesores la maltrataba. A la conmoción y denuncia en la Academia donde estudiaba le sobrevino un proceso judicial, en el que también participó Amparo Molina, representante de la niña que ahora tiene 16 años, y actual vocera de la Comisión Aampetra.

Mientras Amparo, de 40 años, ejerce su derecho al voto en el Colegio Paulo Sexto, también ubicado al sur de Quito, una madre de familia -que prefiere mantener su nombre en reserva- dice que “ya era hora de que mejore la legislación sobre este tipo de delitos o al menos (eso) se plantee”. Hablar de estos temas es el inicio de un proceso de “cuidados a los menores, que ojalá incluya políticas públicas para evitar la violencia”, dice Amparo.

En la sala de su domicilio, Mercedes explica que “hay que estar alertas cuando los niños o niñas dan señales de incomodidad”; su hija, por ejemplo, empezó a decirle que quería dejar de ir a la escuela el año lectivo en que los abusos se cometieron. “Es legítimo luchar por los derechos de los hijos, por eso los padres no deben guardar silencio”.

Ambas mujeres no están de acuerdo con las sentencias que han recibido algunos de los casos que han conocido. Ellas y otros familiares con experiencia similares se reunirán esta semana con autoridades del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) con miras a crear una Red de prevención contra la violencia en centros educativos. (I)