Según el Ministerio del Interior, entre 2010 y 2011 hubo 40 detenidos por el delito de trata de personas y 128  víctimas rescatadas por las autoridades. De acuerdo con organismos internacionales, como la ONU, el 79% de víctimas está destinado a la explotación sexual.

No obstante, para Patricio Benalcázar, funcionario de la Defensoría del Pueblo, este problema es más grave si se toma en cuenta que, en el Ecuador, este delito queda impune en la mayoría de los casos.

A eso se suma que el sistema nacional no cuenta aún con infraestructura para acoger a las víctimas, y en muchos casos “no se garantizan sus derechos”, según dijo Benalcázar ayer, durante el Encuentro Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que se desarrolla en Quito y que culmina hoy.

Óscar Gómez, representante de Fundación Esperanza, de Colombia, indicó que el origen de este problema a nivel regional  radica en las escasas políticas sociales y la falta de empleo que obligan a los sudamericanos a ir a los países desarrollados a buscar nuevas oportunidades.

Recordó que hay acuerdos internacionales, como el Protocolo de Palermo, que protegen a estas personas. “Si a este grupo humano  se lo somete a procesos legales es revictimizado”.

Teresa Martínez Acosta, fiscal de la Unidad de Trata de Personas de la Fiscalía de Paraguay, aseguró que su país ha obtenido buenos resultados contra este delito.

Esto ha sido posible gracias a varias estrategias. En primer lugar, han dado un trato digno para las víctimas; después de haber estabilizado su condición, dijo, se realiza una planificación de investigación y se procede a la aprehensión de los responsables. La experta agregó que en esto juega mucho la cooperación internacional.