Especial coronavirus

Corte Constitucional aún no define legalidad de la asignación presupuestaria

- 29 de mayo de 2020 - 00:00
El recorte del presupuesto universitario se ejecutó el 1 de mayo. En rechazo a ello ayer hubo un plantón afuera de la Corte Constitucional (CC).
Foto: John Guevara / El Telégrafo

En algunos casos existe más personal administrativo que docentes en sus plantas. Esto se explicaría porque la única clasificación es la administrativa, pero representa a técnicos, auxiliares y personal de apoyo de los laboratorios.

Un grupo de estudiantes universitarios participó este jueves 28 de mayo de 2020 en un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional (CC) en Quito, que hizo la audiencia (más de 6 horas) sobre la reasignación presupuestaria a 32 centros de educación superior.

Los alumnos y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) expusieron sus argumentos a favor y en contra de ese tema. La decisión final sobre la constitucionalidad o no de la medida se conocerá en los próximos días.

Según datos de la Senescyt, el año anterior las universidades -en gasto corriente e inversión- ejecutaron el 86% de los recursos y no utilizaron $201 millones.

Precisamente, ese es uno de los argumentos del Gobierno para la nueva asignación presupuestaria de $ 98 millones a las universidades. Pero los centros de estudios superiores señalaron que afectará a la contratación de docentes. Sin embargo, el Gobierno explicó que son ajustes temporales que no afectan a los académicos ni a la matriculación de estudiantes.

La Senescyt llamó al diálogo para analizar las áreas en las que podrían reducirse como los elevados salarios de las autoridades y el excesivo personal administrativo.

Para citar ejemplos: en promedio de sueldos de rectores son $ 5.469,50, que al año son $ 65.634; vicerrectores: $ 4.169, que anualmente son $ 50.028. Los decanos ganan $ 4.244,50, que al año son $50.934; mientras los subdecanos tienen un salario de $ 4.33,50, que son $ 52.002; y de los profesores es de $ 1.800 al mes.

El secretario de la Senescyt, Agustín Albán, defendió el nuevo presupuesto por la crisis sanitaria, económica y social que vive el país, con un hueco fiscal de $ 12.000 millones. Además por la disminución de la recaudación fiscal del IVA y del impuesto a la renta que alimentan el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico.

Sin embargo, Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), dijo que existe una subejecución presupuestaria debido al embudo del sistema de contratación pública, que está diseñada para la función Ejecutiva, sin la especificidad que requiere la universidad.

Otro problema es el excesivo personal administrativo en algunas universidades. Por ejemplo: en la Politécnica Nacional se registran 825 funcionarios administrativos y 639 profesores. En la Universidad Agropecuaria de Manabí hay 211 administrativos y 188 docentes.

Sin embargo, en la UCE el personal académico es mayor que el administrativo, que incluye al personal de laboratorio encargado del funcionamiento en las 40 carreras técnicas experimentales ofertadas cada semestre. Similar situación ocurre en la Universidad Nacional de Loja (UNL), que tiene 786 docentes y alrededor de 400 administrativos.

Sobre el mismo tema, en una entrevista a este Diario, la rectora de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), Florinella Muñoz, reconoció que en promedio existe un docente por administrativo, mas eso tiene su justificación. “Muchos son técnicos de laboratorios, médicos y especialistas que cumplen funciones sustanciales en la institución y en el ámbito público se lo clasifica solo como administrativo (..). Por eso tenemos técnicos en el Instituto Geofísico, en investigación de campo”.

El rector de la Universidad Nacional de Loja, Nikolay Aguirre, reconoció la difícil situación económica del país, pero afirmó que el cobro de $1.400 millones que varias empresas adeudan al SRI es una alternativa. “Son sueldos fijados en la ley que implican responsabilidad y gran preparación académica, dijo Aguirre.

Universidades realizan pruebas

Varias universidades del país unen esfuerzos para combatir la pandemia del covid-19, por ejemplo. El Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador (UCE) realiza pruebas de covid-19 desde abril.

Así mismo, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) junto a investigadores de la Universidad de Las Américas (UDLA), en coordinación con entes del Estado, iniciaron el proceso de análisis de muestras para el diagnóstico de covid-19.

De igual manera, la Universidad Católica del Ecuador cuenta con el laboratorio de Biología Molecular, donde se realizan pruebas de PCR en tiempo real y toma de muestras a domicilio para la detección del virus.

El laboratorio de la PUCE se suma a otros establecimientos privados que realizan las pruebas y toma de muestras en la ciudad de Quito, los cuales han sido verificados por la ACESS para precautelar la seguridad del paciente y que los usuarios reciban un servicio de calidad.

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en coordinación con el laboratorio ecuatoriano privado ONELABT, localizado en la península de Santa Elena, desarrolló una técnica de alto rendimiento que permitirá triplicar el número actual de pruebas de detección rápida por covid-19 en el Ecuador. (I)

Formación
Inversión y beca para el PhD
La preparación académica que se exige a un rector es de PhD y eso solo lo consiguen en el exterior. Para eso necesitan acceder a becas que tienen un alto costo, más allá de la especialidad que elijan.

3 años de estudios a tiempo completo exige como mínimo la obtención de un doctorado o PhD.

Doctorado en el exterior
Un profesional de la EPN solo puede efectuar su doctorado en el exterior porque en el país no hay esa oferta académica. (I)

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