El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos afirmativos el proyecto de ley que regula a las compañías que financian servicios de atención integral prepagada y a las de seguros que ofertan cobertura de seguros de asistencia médica.

De acuerdo a información del Palacio Legislativo, este proyecto fue presentado para garantizar la cobertura a la mujer embarazada, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, raras y catastróficas. Además, busca garantizar la obligatoriedad de las empresas de prestar servicios de prevención primaria que serán delimitados sin necesidad de que se incrementen los costos de las tarifas.

Para esto, se contempla un capital social mínimo de $ 1 millón y la reinversión de las utilidades que generen las empresas de medicina prepagada a favor del mejoramiento del financiamiento de los servicios de salud, en el porcentaje que determine la junta de política y regulación monetaria y financiera.

Otra de las observaciones que incluye el texto final, establece en el artículo 29 que el precio que se fije en los contratos será vinculante con los estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías con el soporte técnico de la Autoridad Sanitaria Nacional.

A través de la normativa se pretende que los usuarios tengan la posibilidad de escoger las modalidades de prestación: mixta, abierta o cerrada. En la abierta los ciudadanos reciben la atención sanitaria a través de terceros prestadores, y en la cerrada será mediante prestadores relacionados con la compañía.

Los servicios de cobertura abarcan prevención de la enfermedad; atención ambulatoria y hospitalaria; urgencias y emergencias médicas; atención de embarazos normales, de riesgo o complicaciones, antes, durante y después del parto, así como para el recién nacido.

El asambleísta William Garzón recalcó que la aprobación de esta normativa beneficiará a los 950 mil ecuatorianos que son parte de los seguros de medicina prepagada y que en 2014 movieron alrededor de $ 450 millones.

Con la norma, las compañías que financien estos servicios y las de seguros que oferten cobertura de seguro de asistencia médica deberán invertir las utilidades netas generadas en cada ejercicio fiscal, en el porcentaje que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el mejoramiento del financiamiento de los servicios de salud.

En la actualidad, según información del Ministerio de Salud Pública (MSP), casi un millón de ecuatorianos han contratado este tipo de servicios, en los que han tenido serios inconvenientes. En muchas de las ocasiones han tenido que volver a pagar por una atención; cobertura discrecional según las ‘preexistencias’ como la edad, advierte la Comisión de la Salud en su informe. (I)