La Ley de Salud Integral de Medicina prepagada fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional.

La norma definió que las empresas de medicina prepagada tendrán un capital social mínimo de $ 1’000.000 y reinvertirán las utilidades que generen en el mejoramiento de los servicios (el porcentaje que determine la junta de política y regulación monetaria y financiera).

La asambleísta Pamela Falconí explicó que el monto del capital establecido garantizará que las empresas tengan recursos para pagar las contingencias que se presenten a sus afiliados.

El texto final fue aprobado por  83 asambleístas de los 113 presentes, hubo 5 abstenciones y 25 votaron en contra.

Esto ocurrió tras el primer reclamo de legisladores, quienes adujeron que no era posible incluir en la votación un texto que no había sido debatido (con referencia al porcentaje de reinversión). Sin embargo, tras la moción de reconsideración propuesta por Mauro Andino se incorporó esa variante a la votación.

Falconí reiteró que -al obligar a las compañías a reinvertir las utilidades de cada año fiscal- serán los usuarios los que se beneficiarán.

“Las empresas no contratan, no construyen, ni compran ambulancias, lo que deben darle a los usuarios es otra cartera con beneficios adicionales, como la atención en medicina preventiva y vacunas”.

Más servicios de las empresas

La normativa establece, además, que las compañías, como parte de la atención integral, están obligadas a dar servicio por ejemplo en sicología (sin costo adicional).

Actualmente, -añadió la legisladora- las compañías atienden a los afiliados solo cuando están enfermos.

“Con la ley se amplía la atención en medicina preventiva, curativa y de rehabilitación o reconstrucción quirúrgica, según el requerimiento del paciente. Eso es algo que siempre han reclamado los usuarios”.

Asimismo, el artículo 29 plantea que el precio fijado en los contratos será vinculante con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías.

El asambleísta William Garzón precisó que la norma beneficiará a los 950.000 asegurados.

De acuerdo a la comisión de salud del Poder Legislativo, en el país hay 19 empresas reconocidas que prestan estos servicios.

Por otro lado, las compañías están obligadas a incluir en los planes  a las personas mayores de 65 años de edad.  

Las organizaciones privadas de salud y medicina prepagada movieron en 2014 cerca de $ 450’000.000.

La Comisión de Régimen Económicao de la Asamblea calculó que otros 400.000 ecuatorianos usarían estos seguros, si se aprueba la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios. (I)