Hasta las instalaciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en el norte de Quito marchó un grupo de cerca de 100 jubilados del sector de la salud. Lo hicieron con el objetivo de exigir el pago de los estímulos económicos por jubilación voluntaria.

Rosario Delgado, una de las voceras, informó que cerca de 3 mil servidores públicos se encuentran a la espera del pago. Mientras caminaba junto a sus compañeros por la calzada de la avenida Patria, informó que la deuda del Estado asciende a más de $ 280 millones desde 2011.

Los jubilados aseguraron que en el caso de que los pagos no se efectúen, irán a una huelga de hambre.

Consuelo Bravo, quien trabajó como auxiliar de enfermería por 38 años en el Hospital Regional de Portoviejo, es una de ellas. La mujer, de 66 años, viajó hasta Quito junto con  24 personas para exigir el pago de lo que consideran su derecho.

El 28 de junio, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, reconoció que el Gobierno adeuda unos $ 1.123 millones a los jubilados del sector público por concepto de los incentivos para el retiro. Es un problema, aseveró, que se arrastra desde 2010 y se intensificó en 2015. (I)