Las mujeres, indígenas, negras, mestizas, todas abortamos. Por pobreza, porque no podemos sostener más hijos. Por razones de salud, porque no queremos o no podemos continuar embarazos que muchas veces son producto de violaciones. La despenalización del aborto por violación es una lucha también de las mujeres indígenas y la peleamos con la misma fuerza con la que peleamos por el derecho a la tierra, al agua, al respeto de los derechos colectivos.

La violencia sexual nos atraviesa a todas. Las estadísticas dicen que cada día 11 mujeres denuncian una violación. Son muchas más: nosotras rara vez denunciamos a nuestros abusadores, porque es una cultura aún profundamente patriarcal; el castigo moral recae sobre nosotras. Así que nos arriesgamos a morir abortando como podamos, o tenemos “hijos del viento”: solas, profundamente angustiadas y condenadas a la pobreza.

El aborto es una realidad que nos ocurre en soledad, sin asistencia médica, en silencio y en esas circunstancias llegamos a morirnos.

Los embarazos producto de violaciones son una brutalidad histórica de violencia colonial y machista sobre nuestros cuerpos. Nos explotan, nos violan, nos obligan a parir y esperan que bajemos la cabeza. Estamos hartas de sufrir violencia, de que la sociedad nos considere seres de segunda y nos obligue a parir o morir en la oscuridad de las estadísticas y de la moral, mientras las mujeres ricas abortan en secreto, en clínicas privadas o en el exterior.

La despenalización del aborto por violación es una oportunidad histórica de que el sistema equilibre, mínimamente, una balanza que ya ha sido opresiva para la mujer indígena por demasiado tiempo y en eso los asambleístas tienen una responsabilidad directa de votar en contra o a favor de la vida de niñas y mujeres violadas.

No nos podemos llamar defensores de la vida sin antes defender una maternidad digna, una crianza con amor, con condiciones afectivas y materiales básicos para el desarrollo infantil. (O)