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El Telégrafo
Ecuador / Lunes, 13 Julio 2026
Colectivos por la despenalización del aborto exigen aplicación de recomendaciones de relatores de la ONU
Sociedad

Colectivos por la despenalización del aborto exigen aplicación de recomendaciones de relatores de la ONU

Foto: Captura de pantalla
Autor: Redacción Sociedad
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Organizaciones y colectivos de mujeres respaldaron las recomendaciones emitidas por los relatores de salud y violencia de las Naciones Unidas a favor de la despenalización de aborto por violación en Ecuador y  exigen su aplicación inmediata. Así lo manifestaron durante un encuentro virtual que mantuvieron con medios de comunicación y otras representaciones de los grupos.
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, aseguró que los dos relatores vuelven a recordar al país que está incumpliendo sus compromisos y obligaciones."Vivimos un marco jurídico aberrante y violatorio de derechos. Niñas y mujeres que están en edad fértil son obligadas a seguir con una embarazo".
Por otro lado, señaló que pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública la pandemia ha traído graves problemas en el acceso a los anticonceptivos para las mujeres."Producto de esta dificultad vamos a tener un incremento en el mundo entre 7 y 11 millones  de embarazos no deseados. Ecuador tendrá que hacer su evaluación luego".
En junio de 2019 el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental visitó el país coincidió el día en que la Asamblea no aprobó la despenalización del aborto.
En su informe él recomienda modificar urgentemente el Código Penal con el fin de despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto y malformaciones fetales graves, y cree un entorno propicio para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan practicarse un aborto sin complicaciones y tengan acceso a atención posterior al aborto, garantizando el acceso a los servicios correspondientes.
Asimismo, respete la obligación de confidencialidad en el sistema de salud, adopte protocolos con base empírica y elabore cursos de derechos humanos dirigidos a los prestadores de servicios de salud sobre su obligación de ofrecer abortos legales, en particular cuando la vida o la salud física y mental corran peligro, y respete la privacidad y confidencialidad de las mujeres que utilizan los servicios de salud sexual y reproductiva.
En noviembre de ese mismo año, en cambio, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer fue invitada al país. Ella en su informe hizo más de 30 recomendaciones dentro de las que se encuentran: asegurar que se aumente la asignación presupuestaria para la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; acelerar la aprobación de la estrategia nacional y el plan de acción nacional sobre erradicación de la violencia de género, y asignar recursos suficientes para su aplicación; garantizar la participación sistemática de las organizaciones de mujeres en la aplicación de la Ley Orgánica Integral y otros procesos de toma de decisiones relativos a la protección de los derechos de las mujeres a nivel nacional y local y asegurar el establecimiento de unidades judiciales especializadas en la violencia contra las mujeres en todo el país, incluidas las zonas remotas y rurales, y proporcionar recursos y financiación adecuados para su plena implementación.
Para Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres, "esas asignaciones presupuestarias tienen que volverse a actualizar".
Destacó una de las recomendaciones de la relatora  sobre la participación de las organización de mujeres en la toma de decisiones relativos a la protección de los derechos de las mujeres. "Es importante que como sociedad civil que venimos haciendo participación sistémica y organizada de las organización de mujeres en la aplicación de  la ley de la erradicación de la violencia a la mujer seamos parte de este proceso".
Asimismo, Soledad Agus, de Aborto Libre en Guayaquil, respalda la sugerencias de las relatora. "Es necesario que las organizaciones que hacen el seguimiento, cuantificación de casos y que están en territorio que participen en la construcción de políticas en  prevención de embarazos en niñas y la ley de violencia de género".
Ella exigió que se aplique las recomendaciones de los relatores. (I)
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