La posición económica de los homicidas de mujeres es un elemento clave y determinante de la justicia ante el feminicidio en El Salvador, uno de los dos países con más incidencia de ese delito en Latinoamérica, según activistas.

"Es innegable que la justicia, también en los casos de feminicidio, actúa de manera diferenciada dependiendo de los recursos que tenga el victimario", dijo Vilma Vaquerano, coordinadora del Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

“Latinoamérica y el Caribe concentran la cuarta parte de los feminicidios del mundo", según Nadine Gasman, directora de la Campaña de la ONU llamada Únete, cuyo fin es terminar con la violencia contra las mujeres, y quien aseguró que El Salvador y Guatemala encabezan la lista en cuanto a tasas.

Según Únete, en 2011 fueron asesinadas 705 mujeres en Guatemala y 647 en El Salvador; dos recientes casos que causaron conmoción en la sociedad salvadoreña evidencian el trato desigual que la justicia tiene frente al feminicidio, según Ormusa y otros grupos feministas.

Las autoridades han afirmado que la cifra de feminicidios ha disminuido pues, según la Policía, entre enero y marzo pasados se registraron 51 casos, 118 menos que los del mismo período de 2012.

Luis Martínez, fiscal general de ese país, destacó que desde enero de 2012, cuando se creó la figura delictiva del feminicidio en El Salvador, se han dictado "alrededor de 15 condenas" por ese delito.

Pero este es un bajo número para los 321 asesinatos de mujeres reportados en ese año. "No significa que los niveles de violencia contra las mujeres hayan disminuido", señaló Vaquerano.

Según datos oficiales, en 2012 en ese país se registraron al menos 2.493 denuncias por violencia intrafamiliar. También ese año el Instituto de Medicina Legal atendió 1.891 víctimas de violación e hizo 3.436 reconocimientos de víctimas de violencia sexual.