La Corte Constitucional analizará el viernes 28 de marzo la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para tramitar la validez del primer matrimonio igualitario en el país, informó el jueves 27 de marzo de 2019 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

La  Corte de Justicia de Pichincha presentará a la Corte Constitucional la "Opinión Consultiva 24/17" de la CorteIDH, que se refiere a la protección de la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, para validar la petición de Efraín Soria y Ricardo Benalcázar de contraer matrimonio civil.

La asesora legal de la ONG Inredh, Pamela Chiriboga, dijo a Efe que espera que bajo este sistema de protección de derechos humanos se pueda aplicar por primera vez en Ecuador la Opinión Consultiva, que fue presentada por Costa Rica y aprobada por el sistema interamericano en 2017.

En ese sentido, Chiriboga indicó que la aprobación de este matrimonio igualitario permitirá la progresividad de los derechos humanos de la comunidad LGBT en el país, así como el inicio de otras discusiones como la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

"Este puede ser el primer paso que dé una Corte Constitucional enfocada en derechos humanos y en el cumplimiento de la Constitución", puntualizó la asesora.

Los dos ecuatorianos Soria y Benalcázar, ante la negativa de su matrimonio por parte del Registro Civil de Identificación y Cedulación en 2018, presentaron una demanda a la Corte de Justicia de Pichincha.

Este tribunal, a su vez, presentó a la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna, la posibilidad de aplicar la llamada "Opinión Consultiva 24/17 de la Corte-IDH" en este caso.

Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT afirmó en un comunicado que espera que los resultados garanticen sus derechos que "han sido negados a pesar de los avances internacionales" en la materia.

En Ecuador, en tanto, no está permitido el matrimonio civil para parejas del mismo sexo, pero sí las uniones de hecho, por lo que, desde 2014 hasta septiembre de 2017 la dirección general del Registro Civil (agencia de identificación) registró 385 uniones de personas LGBT.

El Gobierno costarricense solicitó la opinión consultiva en 2017 a la CorteIDH para contar con un criterio que fortalezca el impulso a las iniciativas en favor de esta población, lo que generó un llamado de colectivos LGBT a aprobar leyes sobre este tema.

La CorteIDH determinó que "es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio" y a la libre identidad. (I)