Juan Carlos Rodríguez, subsecretario de Educación, manifestó que esta cartera de Estado acogerá varias sugerencias del sector de los planteles privados del país y que una  modificación del Acuerdo 493-12 será presentada esta semana.   
 
Esto, ante la queja de los representantes de varias organizaciones de la educación particular y popular que se reunieron, la semana pasada, para analizar este documento, que indica el procedimiento para regular los costos de matrícula y pensiones que podrán cobrar las escuelas y colegios este  año lectivo 2013-2014.

“Cuando se publicó el acuerdo, los directores de los distritos  reunieron a los rectores de los planteles particulares y fiscomisionales, entre el 4 y 11 de enero, para  explicar en qué consistía este documento”, indicó el subsecretario.

Rodríguez sostuvo que se dio una prórroga hasta el 18 de febrero para que los planteles entregaran los requisitos para ser categorizados en uno de los cinco rangos determinados por la cartera de Estado.   

Dijo que desde esa fecha hasta los primeros días de marzo la Junta Distrital debe contestar todos los requerimientos de ubicación dentro de este escalafón.  

En el documento, en su capítulo 2, artículo 9, criterio E, se indica que “las instituciones educativas particulares deberán reinvertir al menos el 25% de sus ingresos en acciones encaminadas al cumplimiento de los estándares educativos fijados por el Ministerio de Educación”.

Sobre este tema, Rodríguez subrayó que se trata de  una fórmula contable que salió con un “término equivocado”. “Estamos aclarando las interrogantes a los directores que se acerquen con esta inquietud”, explicó.

Rómulo López, representante de la Confederación de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), indicó que “al pedir que los planteles trabajen sin utilidades, están haciendo todo para que no haya la inversión en la educación privada”.

El delegado de los colegios católicos precisó  que esta medida afectaría a cerca de 10.000 planteles educativos a nivel nacional, equivalentes a 1’200.000  estudiantes, ya que no quedaría suficiente dinero para hacer los cambios que cada plantel considere necesarios.

Otra de las inquietudes del sector particular fue el tiempo otorgado para entregar la documentación. Mientras que el régimen Costa solo contó con 45 días para presentar la documentación, la Sierra tuvo 90.

“Lo que pide el Ministerio son papeles  que los planteles deberían tener sobre el escritorio”, manifestó el subsecretario Rodríguez, al referirse a que dichos requerimientos siempre deben estar al día.    

Presentar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la información de la infraestructura de la unidad educativa y el certificado de funcionamiento, que la plantilla docente sea titulada o a tiempo completo, el registro contable, son varios de los documentos y requisitos que deben cumplir las autoridades de los planteles para saber cuánto podrán cobrar de matrícula y pensiones.

“Todas las inversiones hechas por el Estado y por los progenitores tienen como objetivo que sus hijos aprendan más y mejor”, expresó Teodoro Álvarez, presidente nacional de la Corporación Ecuatoriana para el mejoramiento de la Calidad en Educación (Corpeducar).

El titular de la entidad pidió que el Ministerio suspenda la aplicación del acuerdo hasta que sea socializado, discutido entre todos los docentes y rectificado.

“En ningún momento desconocemos la educación particular, pero esta también debe ser regulada”, puntualizó Rodríguez.

Álvarez también indicó que todas las organizaciones estuvieron de acuerdo con  el incremento de hasta 5% en los valores  en este año lectivo, tomando como base lo que cobraron en 2012.

“No estoy de acuerdo con el incremento porque afecta a la economía de mi familia, pero   admito que este año subieron todas las cosas por lo que entiendo que las escuelas también deban elevar sus valores”, expresó María Ramírez, madre de familia de una menor  que estudia en una escuela particular del norte de Guayaquil.