El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) confirmó su retirada de los centros de detención griegos, al no considerarse parte del reciente acuerdo migratorio entre Turquía y la Unión Europea (UE).

El convenio, que incluso desde antes de firmarse ya generó polémicas, constituye la principal causa de la salida del Comisionado de los campos donde se aglomeran los refugiados de guerra, que desde el pasado domingo son sometidos a un escrutinio y si son considerados "irregulares" por la UE se les deporta a Turquía.

"Acnur no es parte del acuerdo UE-Turquía, ni participará en retornos o detenciones. Continuaremos asistiendo a las autoridades griegas para desarrollar una capacidad de acogida adecuada", agregó la agencia.

De esta manera, la entidad añadió que no facilitará transporte alguno "hacia y desde" los mencionados centros de detención, que antes eran centros de registro, ya no cumplen el mismo cometido que hace unas semanas atrás.

Las autoridades del país helénico aceleraron el traslado al continente europeo de una cifra estimada de ocho mil refugiados y migrantes llegados a sus islas antes del 20 de marzo, pero desde el día en que se firmó el acuerdo bilateral la situación cambia drásticamente.

"En este momento, Grecia no tiene la suficiente capacidad en las islas para evaluar las solicitudes de asilo, ni tampoco las condiciones adecuadas para albergar de forma digna y segura a las personas mientras se toma una decisión sobre su solicitud", fustigó la Acnur.

Otra institución que demostró su descontento con la implementación del arbitrario acuerdo de reubicación de migrantes entre Turquía y UE fue Médicos Sin Fronteras (MSF), la cual comunicó hoy que interrumpirá su trabajo en el campamento de Moria, ubicado en la isla griega de Lesbos.

"Hemos tomado esta difícil decisión de cesar nuestras actividades en Moria porque (...) nos haría cómplices de un sistema que consideramos injusto e inhumano", expresó Marie Elisabeth Ingres, coordinadora general de MSF en Grecia.

Nos negamos a formar parte de un sistema -añadió Ingres- que no tiene en cuenta las necesidades humanitarias ni de protección de los solicitantes de asilo y migrantes, concluyó. (I)