En el imaginario colectivo, la prostitución no ha sido concebida como un trabajo. Al parecer, solo en las últimas décadas ha empezado a ser considerada como tal, por supuesto, gracias a la acción de los propios colectivos de mujeres que se dedican a esta actividad. La figura de la trabajadora sexual, sin embargo, es una de las más estigmatizadas en la actualidad.

De hecho, este estigma es, según lo advierten varios estudios sobre el tema, una de las bases de la ideología patriarcal, en el sentido que ha conseguido dividir a las mujeres en buenas y malas, pero lo más preocupante, como en una ocasión lo advirtió la investigadora Cristina Garaizabal, es que se las cataloga en función de su sexualidad.

Durante décadas, las trabajadoras sexuales han sufrido un permanente proceso de estigmatización que alimenta una concepción plagada de prejuicios. Se las califica de viciosas e incluso enfermas. En este contexto, resulta casi inevitable que sufran una serie de vejaciones que las marca de por vida. Al estigmatizarlas, se les niega también sus derechos, porque no se las reconoce como un colectivo social que ejerce una labor.

Es evidente que esta negación está dada por las características de esa actividad, por las condiciones en las que se ejerce y, principalmente, porque su trabajo no se equipara con otras actividades reconocidas como laborales. En este sentido, las trabajadoras sexuales luchan por ser reconocidas como sujetos sociales y, por supuesto, como sujetos de derecho.