Las provincias son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 318, tiene una vigencia de 60 días.

Este decreto cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), que certificó que la medida cumple con el marco constitucional.

Con esta decisión, según el Gobierno, se busca fortalecer las estrategias en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en las zonas más afectadas.

Este estado de excepción permite al Gobierno aplicar medidas extraordinarias. Es decir, se suspenden los derechos de libertad de correspondencia, de inviolabilidad de domicilio, y de la libertad de asociación y reunión. No habrá toque de queda.

También queda suspendido el derecho de libre asociación y reunión "en estricta relación a los motivos del estado de excepción".

Ante ello, en el Decreto Ejecutivo también se dispuso que en caso de que un juez o jueces de la Corte Constitucional lo requieran se exhiba por única vez los informes contenidos en cuatro oficios reservados relacionados a grupos armados organizados, su parametrización y accionar, sin que esto configure su desclasificación ni se encuentren autorizados por ningún medio de transmisión, divulgación o reproducción. Esto se incluyó en la cuarta disposición general.

Aunque este decreto entra en vigencia inmediatamente, su permanencia dependerá del análisis mandatorio de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días. Este es el tercer estado de excepción que envía el Ejecutivo.

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— Presidencia Ecuador ?? (@Presidencia_Ec) July 2, 2024