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Fachada: el caso de lavado de activos que involucra a los "Comandos de Frontera"
Las actividades ilícitas en Ecuador del Grupo Ilegal Armado "Comandos de Frontera" son investigadas por la Fiscalía del Ecuador en el Caso "Fachada". En este se indaga a una red criminal al servicio de la agrupación terrorista colombiana involucrada en supuestos delitos como lavado de activos y delincuencia organizada.
El caso data del año anterior pero cobró relevancia el 16 de enero de 2025, tras una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en residencias y oficinas de Pichincha y Esmeraldas pertenecientes a jueces anticorrupción, abogados y supuestos empresarios que estarían al servicio de los "Comandos de Frontera".
En los allanamientos se decomisaron fajos de billetes en efectivo, celulares, documentación, dispositivos USB, computadores y otros materiales vinculados a los hechos delictivos.
El ecuatoriano Roberto Carlos A., actualmente prófugo de la Justicia, es identificado como el presunto cabecilla de una organización delictiva que realizaba operaciones para el grupo paramilitar colombiano, involucrado en la masacre de 11 soldados del Ejército ecuatoriano en Alto Punino, Orellana.
El operativo se realizó tras una denuncia ingresada en el buzón de Transparencia de la Fiscalía y una investigación de la Unidad de Fuero Provincial de Pichincha y la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
¿Cómo operaban los "Comandos de Frontera?
Según la hipótesis de la Fiscalía, Roberto Carlos A. era el operador de la organización delictiva, quien empleaba una "fachada" como empresario y habría sido el encargado de gestionar nuevas rutas para el envío de drogas al extranjero y canalizar las ganancias del ilícito a través de transacciones financieras, compra y venta de activos, inversión en bienes raíces y creación de empresas, entre otros.
El cabecilla de la organización habría empleado a sus hijos Kerly A. y Carlos A. como accionistas de compañías que habrían recibido financiamiento de actividades ilícitas.
La red empezó caer en junio de 2024, con el arresto de alias "Chavalo", uno de los miembros de los "Comandos de Frontera", encargado de los envíos de cocaína hacia el extranjero. Entre agosto y septiembre de ese mismo año, otros 40 miembros fueron detenidos por delincuencia organizada, entre estos Kerly A. y Carlos A.
Estas dos personas habrían estado a punto de ser liberadas por tres jueces anticorrupción, hasta que una denuncia llegó a Fiscalía y condujo a los allanamientos del 16 de enero. El abogado Oswaldo T., quien representaba a los presuntos involucrados también fue detenido.
El caso continúa en investigación.
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