Hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elija al nuevo fiscal general del Estado, Wilson Toainga quedará prorrogado en sus funciones como fiscal subrogante para litigar en casos de presunta corrupción en el sector público como Ligados, Pantalla, Reconstrucción y Sinohydro. 

A sus 59 años, Toainga es funcionario de carrera judicial y asumió el cargo, tras la renuncia de Diana Salazar, quien permaneció seis años en la institución. 

Los períodos de Salazar y Toainga debían culminar en abril de 2025 y al no existir un reemplazo designado por el CPCCS, la Procuraduría General del Estado prorrogó sus funciones, hasta que sean legalmente sustituidos. 

Con ello, Toainga deberá asumir los casos que tienen fuero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción.

Estos son los cuatro casos más notables: 

1. Caso Ligados 

En caso investiga una presunta red de operadores del correísmo para imponer autoridades de control a través de los vocales de la "Liga Azul" del CPCCS, que permanecieron casi dos años en sus cargos, hasta que fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por infracción electoral muy grave. Según "chats" divulgados por la Fiscalía, los consejeros Augusto V., Eduardo F.L. y Yadira S. habrían recibido órdenes desde operadores del Movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para elegir candidatos favorables en elecciones como las del nuevo contralor, presidente del Consejo de la Judicatura y el titular de la Superintendencia de Bancos. 

Se investiga el delito de asociación ilícita y también se solcitó vincular y formular cargos contra Andrés A., secretario general de RC5; Raúl G., excandidato a superintendente de Bancos; y la exasambleísta Esther C. 

El proceso legal inició tras una denuncia de Roberto Romero Von Buchwald, actual superintendente de Bancos. 

2. Caso Pantalla

En este se investiga una supuesta red de corrupción en el Consejo de la Judicatura, para favorecer a Wilman T., expresidente del organismo, y quien tiene sentencias por delincuencia organizada y obstrucción a la justicia, en otros casos como Metástasis e Independencia Judicial. 

Según la hipótesis de Fiscalía, Wilman T. habría instaurado una red ilícita para consolidar su poder, ejercer presión sobre jueces, influir sobre decisiones judiciales y manipular el Concurso Público para la Selección y Designación de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023.

Tres funcionarios aceptaron su responsabilidad en un procedimiento abreviado. El caso se encuentra en la etapa preparatoria de juicio e investiga el delito de asociación ilícita. 

3. Caso Reconstrucción de Manabí 

Este caso investiga un presunto mal uso de los fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto ocurrido en abril de 2016. Según la Fiscalía, el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por cohecho y asociación ilícita en los casos Sobornos y Odebrecht, junto al secretario para la Reconstrucción, Carlos B., habrían destinado fondos obtenidos de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto a obras que no eran prioritarias, en hasta 584 proyectos. 

Por este motivo, un juez de la CNJ llamó a los dos exfuncionarios públicos a juicio, en el que se investiga un presunto peculado. 

4. Caso Sinohydro

En este caso se investigan presuntas coimas que habría entregado la empresa china Sinohydro a funcionarios públicos durante el Gobierno de Rafael Correa. Uno de los procesados es el expresidente Lenín M., sucesor de Correa en el cargo. 

Según la Fiscalía, entre 2009 y 2018, la empresa -a cargo de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair- supuestamente habría pagado alrededor de USD 76 millones en sobornos a funcionarios públicos, a través de falsas consultorías, empresas e intermediarios. 

Actualmente se encuentra en etapa preparatoria de juicio, por el delito de cohecho. 

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