La instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, de aprobarse mediante reforma constitucional, es vista por analistas como una medida que podría marcar un antes y un después en el combate al crimen organizado transnacional. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta acción debe ir acompañada de una transformación profunda en el sistema de justicia penal para lograr resultados.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Constitución que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país, como parte de una estrategia para reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Tras este paso legislativo, la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen favorable y remitir el caso al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá un plazo de 45 días para convocar a un referéndum.

Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, considera que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar delitos como el narcotráfico. Según señaló, contar con bases militares extranjeras fortalecería las capacidades estratégicas del país. “Ya tuvimos una experiencia entre 1999 y 2009, cuando se permitió que una parte de la Base de Manta de la Fuerza Aérea del Ecuador fuera ocupada por un puesto avanzado logístico de Estados Unidos, lo cual dio resultados”, expresó.

Por su parte, la experta en seguridad Michelle Maffei advierte que la presencia de bases militares extranjeras no es suficiente para contrarrestar el avance del crimen organizado. Maffei insiste en la necesidad de fortalecer el sistema judicial, en el que, asegura, algunos funcionarios son susceptibles a sobornos o extorsiones por parte de estructuras criminales.

Aun así, Maffei considera que si se aprueba la propuesta mediante referéndum, la instalación de bases debería priorizarse en los ocho puertos de aguas profundas del país. “El 80% del comercio sale desde la provincia del Guayas, lo que implica que ese porcentaje del comercio lícito también puede reflejarse en actividades ilícitas”, explicó.

¿Cuál ha sido la postura del correísmo?

En 2006, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, varios sectores sociales y políticos se opusieron a la presencia de bases militares extranjeras, argumentando que atentaban contra la soberanía nacional. Frente a ello, Bravo afirma que “las ideologías políticas no pueden estar por encima de la seguridad” y que “ante un ataque del crimen organizado, lo fundamental es defender al país”.

Finalmente, Maffei enfatiza que la participación nacional es clave en esta lucha. Resalta que la presencia internacional puede aportar valor, pero es indispensable involucrar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y, especialmente, a las comunidades. En ese sentido, propone la creación de centros comunitarios en barrios conflictivos, donde los jóvenes puedan acceder a servicios y oportunidades de desarrollo.

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