Como un proceso ilegal calificó un grupo de socios de Coopera al llamado de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para realizar cuatro asambleas que  designen una junta de acreedores.

La convocatoria fue a proveedores y ahorristas de la cooperativa con el fin de avanzar con el proceso de liquidación y disolución de la entidad.  

Según Diego Aguilar, liquidador de Coopera, en las primeras dos reuniones realizadas el miércoles con los proveedores asistieron aproximadamente 50 personas, a las que se les dio toda la información sobre la situación financiera. “Además, se eligió a los cuatro representantes de este grupo; dos principales y dos suplentes”, dijo.

Ayer el turno fue para  los ahorristas, quienes desde las 09:00 se agruparon en los exteriores del Coliseo Jorge Calvache, de la Federación Deportiva del Azuay. Ellos calificaron como una “burla” e “ilegalidad” el llamamiento de estas  asambleas, a las que debían ingresar dependiendo del último número de sus cédulas.

José Montesinos, representante de un grupo de perjudicados, indicó que debido a ciertas inconsistencias  en este proceso, pidieron otra metodología para la conformación de la Junta de Acreedores. Esta petición  no fue aceptada. “Se trata incluso de  una violación al mismo estatuto que elaboró la Junta de Regulación de  la Superintendencia, que la publicaron  un día antes de las convocatorias”, manifestó.

Carlos Heredia, abogado de los extranjeros perjudicados, indicó que sus representados acudían a la cita únicamente para cumplir  con el llamamiento de la Superintendencia. “Es una convocatoria ilegal y venimos a cumplir con las apariencias”, sostuvo.

Gustavo Quito, abogado y perjudicado, acotó que, a pesar de ingresar a la reunión, no permitieron que se elija a ningún representante. “Llaman a formar una junta  a través  de una ley hecha al gusto de ellos, en la que convocan a los perjudicados y terminan ellos mismos eligiendo  a los representantes”, expresó.