Como un despropósito jurídico fue calificado por el ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz Vintimilla, el proyecto de ordenanza que pretende aprobarse en la Cámara Provincial del Azuay.
La regulación, según la autoridad, pretende incrementar el costo de la energía eléctrica para utilizar esos recursos en la protección de fuentes hídricas y del medio ambiente.
“Es inconstitucional e ilegal. El Prefecto de Azuay está utilizando y manipulando los conceptos de conservación del agua y del medio ambiente”, dijo el secretario de Estado.
Agregó que el Gobierno Provincial de Azuay no tiene competencia para expedir la ordenanza.
Para el ministro el proyecto de la Prefectura se contrapone a las competencias otorgadas constitucional y legalmente a los Ministerios de Ambiente, Recursos Naturales No Renovables y Secretaría Nacional del Agua. “Lo que pretende con esa propuesta es incrementar el valor del consumo eléctrico en un 25% a los clientes industriales y un 15% a los clientes comerciales. Eso sorprende cuando el fin es dar competitividad al sector industrial y comercial”, manifestó Albornoz.
Para Humberto Cordero, gobernador de Azuay, de aprobarse la ordenanza se vería afectada la ciudadanía, y los alcaldes que aprobaron este proyecto estarían incurriendo en una ilegalidad.
“Las autoridades que permitan esto tienen que ser llamadas a rendir cuentas en sus territorios. Ya hemos tenido contactos con los industriales, quienes nos han hecho llegar una carta en la que plantean que no puede darse paso a este absurdo constitucional”, aseguró.
El tema ha causado indignación en los diferentes niveles de Gobierno. Según el alcalde, Paúl Granda, esta iniciativa no ha sido socializada con ninguna de las instituciones implicadas. “Es extraño que se pretenda dar responsabilidades a instituciones autónomas como Etapa o las universidades, que no tienen relación en su jurisdicción”, dijo.
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