En junio del año anterior autoridades locales y provinciales, entre ellas, el gobernador de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, expresaron su preocupación por el uso que la Prefectura da a los recursos públicos y señalaron contratos por altas sumas de dinero para asesoría política.

Este evento motivó a que el prefecto Paúl Carrasco presentara una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue un presunto acceso ilegal a su cuenta de correo electrónico. Como parte de ese proceso, Lloret acudió ayer a rendir su versión ante el fiscal y aclaró que los datos presentados en ese entonces son de información pública que reposa en la plataforma del Sercop.

“Ese 11 de junio dimos a conocer la contratación de la Prefectura a la empresa de comunicación Proyelítica, por un monto de 200 mil dólares para asesorar al Prefecto en temas políticos”, dijo. (I)