Unos 15.000 ecuatorianos serían los perjudicados por el fraude hipotecario en España. En su mayoría accedieron a créditos para la compra de vivienda de manera engañosa, con precios sobrevalorados que derivaron en deudas impagables.

La Defensoría del Pueblo y varios ministerios de Estado atienden a cerca de 6 mil compatriotas que atraviesan estos problemas.

Según Ramiro Rivadeneira, defensor, los ecuatorianos firmaron hipotecas de por vida y muchas personas  corren el riesgo de quedarse sin viviendas.  “Es difícil, por cuestiones de recursos,  que  la Procuraduría General dé atención a todos los ciudadanos afectados”, señaló.

Por el momento  la atención se centra en el caso de cuatro ecuatorianos de  Macas, Azuay, Loja y Manabí, con los que se ha iniciado la defensa en los tribunales españoles.

Uno de ellos es el de L. Solórzano, quien después de agotar todas las instancias en los órganos internos y  la Defensoría  del Pueblo, tuvo que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  En seis meses  espera obtener una repuesta.  Rivadeneira señaló que de  declararse  admisible el caso y de aceptar el Tribuna  la demanda,   podría obligarse al Gobierno español a reformar su normativa con el fin de que las personas con juicios, por temas hipotecarios, sean escuchadas por los jueces.