Un grupo de estibadores portuarios de cajas de banano protestaron ayer en los bajos de la Inspectoría de Trabajo para exigir que les paguen los valores retroactivos que diferentes Operadoras Portuarias de Carga (OPC) les adeudan desde el año 2006 al 2009. Los trabajadores mencionaron que son cuatro las empresas que mantienen obligaciones con ellos por más de $1 millón.     

Abram Del Rosario, secretario general de la Asociación de Trabajadores Portuarios, denuncia que después de cuatro años de incansable lucha por cobrar los valores retroactivos hay posibilidades de acceder a esos recursos. “Hemos superado todos los obstáculos que nos han puesto  las autoridades portuarias, jueces y otros funcionarios confabulados con las OPC”, dijo el dirigente.

El incumplimiento del pago de los beneficios salariales; el pago de valores inferiores a los establecidos por cada caja estibada; la cancelación de haberes que están por debajo del salario mínimo vital, la parcial afiliación a la Seguridad Social y las precarias condiciones en que cumplen su  labor son los principales problemas que les vienen aquejando, según expresó.

En portuaria trabajan unos 1.500 estibadores y desestibadores. Uno de ellos que no quiso identificarse, ante presuntas amenazas de que si protestasen los liquidarían, afirmó que “se sienten engañados por las autoridades locales ya que desde hace 4 años existe una resolución emitida por la Corte Constitucional como sentencia de última y definitiva instancia”.

Mencionó que hace varios meses las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales ofrecieron  hacer realidad el pago de los retroactivos, pero  hasta hoy no pone mano dura con las OPC. “La amenaza de suspender las labores de  las empresas que no paguen no ha pasado de ser solo eso. En vez de mejorar las condiciones, todo ha empeorado para los trabajadores”, manifestó.

Este diario intentó dialogar con el Director de Ministerio De Relaciones Laborares (MRL) de la provincia, pero a la entrada dos guardias mencionaron que tienen órdenes de no dejar entrar a la prensa, por lo que los protestantes exigieron el ingreso de unos cinco periodistas que esperaban por declaraciones del funcionario, pero esto no ocurrió.

El dirigente sindicalista afirmó que, en el litigio, lo que se busca es no pagar los valores acumulados desde hace varios años. La cancelación de esos montos fue bloqueada mediante una acción de protección planteada por la patronal. Una jueza local acogió favorablemente el pedido y suspendió dichos pagos, aseguraron los manifestantes.