Tras un año de insistencias de varios sectores, ayer entró al primer debate en el Concejo Cantonal, la ordenanza sobre el consumo de licor, en los espacios públicos de Cuenca.

El 25 de julio pasado, el alcalde en ese entonces Paúl Granda, presentó un proyecto de norma para controlar el expendio e ingesta de bebidas alcohólicas.

Dentro de la iniciativa constaba la regulación para los espacios públicos, incluyendo los puestos ambulantes y los stands de degustación.

Además, planteaba controlar la comercialización de las denominadas bebidas de moderación, en establecimientos que no cuenten con los permisos correspondientes.

Los lugares de expendio, como bares o tiendas, que no acaten lo estipulado en la ordenanza cancelarán un salario básico unificado y se les decomisarán los productos.

De volver a incurrir en la violación, el propietario tendrá que pagar el doble de un salario básico y se cerrará el local. Pero esta propuesta tuvo que esperar un año para ser debatida con modificaciones en algunos artículos. Según Xavier Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad, se ha llegado a consensos con todos los sectores.

Ayer, el Concejo Cantonal como séptimo punto en el orden del día, analizó y debatió esta propuesta.

El concejal, Carlos Orellana, afirma que es una necesidad tener una ordenanza de esta naturaleza.

Sostuvo que el objetivo es evitar que la ciudad continúe en desorden con la venta de licores y que los consumidores utilicen los lugares públicos para la ingesta.

“Es un tema que la ciudadanía ha pedido que sea tratado porque hay un abuso en la utilización de los sitios públicos, lo cual trae inseguridad y violencia. Lo que se pretende con esta ordenanza es determinar una cultura de paz en toda la urbe”, dijo el edil.

Sin embargo, en el tratamiento de esta ordenanza no hay un consenso en uno de sus acápites, y en especial si debe abarcar también a las fiestas populares, en especial las que se realizan en parroquias y barrios de Cuenca.

“Hay debates internos en cuanto a las celebraciones populares. Algunos creen que la prohibición debe ser para todo evento y otros que indican que debería haber alguna salvedad”, dijo el concejal.

La ordenanza busca mejorar la seguridad en la urbe. De acuerdo con informaciones de las Comisarías, en 2012 hubo 3.175 denuncias por contravenciones de violencia intrafamiliar. En el 15% el agresor estaba bajo los efectos del alcohol.

Hasta junio de 2013 se registraron 1.985 denuncias y de estas el 28% de los atacantes también estaban ebrios, lo que representa un aumento del 18%.

De igual forma, en los primeros 3 meses de este año, de acuerdo con las estadísticas de la Empresa de Movilidad (EMOV EP), fueron detenidas 294 personas por diversas causas. De ellas el 51% conducía en estado de embriaguez.

Para Fernando Figueroa, director del ECU911, el 85% de accidentes que atiende este organismo es de índole policial, “de ellos un buen porcentaje se da por libadores, por escándalos y riñas por efectos del licor”.

Para el funcionario es importante, desde todo punto de vista, esta ordenanza, “porque el alcohol incide directamente en las personas y luego con las consecuencias ya mencionadas”.

Según Figueroa, las personas que viven cerca de los parques no pueden permanecer tranquilas, ya que los mismos (espacios verdes) son una atracción para los libadores. “Los parques infantiles son sitios para las personas que toman hasta altas horas en la noche”, dijo.