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“Declaramos la guerra al coyoterismo”

“Declaramos la guerra al coyoterismo”
15 de octubre de 2012 - 00:00

El trafico ilegal de personas es uno de los cinco  delitos más denunciados en la provincia del Cañar. En el 2011 se dictaron 25 sentencias condenatorias por este ilícito y en lo que va del año se han  presentado alrededor de 40 denuncias.

También  se han incrementado los delitos sexuales, especialmente las violaciones a menores de edad que son hijos de migrantes.

Según el Fiscal de la provincia del Cañar, Romeo Gárate, el año anterior recibió 186 denuncias por atentado al pudor y violaciones, de las que se obtuvieron 23 sentencias condenatorias

¿A pesar de las sentencias  aún hay individuos que se dedican al tráfico de seres humanos?

Todavía hay personas que se dedican a esta labor ilícita, lo que hace que el tráfico ilegal de personas aún esté presente en la provincia  no con el índice que existía hace cinco años,  pero todavía hay rezagos. En la Fiscalía nos hemos planteado como una proclama interinstitucional que nunca más haya impunidad  en los casos de  coyoterismo.

¿Cuántas denuncias se han presentado en lo que va del año por este delito?

Más o menos hay unas  40 denuncias. Este año hubo un ligero descenso  en comparación al anterior, debido a  que la migración ha disminuido porque  la ciudadanía ve que la situación del país ha mejorado y ya no es tan imprescindible abandonar nuestro territorio.

¿Cuántas sentencias condenatorias se han ejecutado este año?

La provincia  del Cañar es la que mejor resultados ha alcanzado en cuanto a sentencias condenatorias, teniendo detrás de las rejas a varias personas que se han dedicado a esta actividad ilícita.

Tenemos un porcentaje igual que en el 2011 que va por las 20 o 25 sentencias.

¿Qué sucede con los delitos sexuales?

Es algo preocupante. En los últimos años se ha incrementado de manera significativa. Esto es consecuencia de la migración, ya que  muchas de las víctimas que han sido agredidas tienen a sus padres en el exterior y han quedado bajo el cuidado de familiares que abusan de ellas. 

¿Cuántas personas han sido sentenciadas por este delito?

En lo que va del año se han dado 14 sentencias condenatorias. En el 2011 Cañar tuvo 186 denuncias por atentado al pudor y violaciones, de las que se obtuvieron 23 sentencias condenatorias. Este delito no solo  se ha dado a nivel familiar, también se extendió a las escuelas.
Hace un año y medio en una escuela del cantón Cañar el director violó a cuatro niñas y en este caso se estableció una sentencia condenatoria de 20 años.

¿Hay obstáculos para la Fiscalía en las investigaciones?

El silencio de las personas. Sin el testimonio  de las víctimas no se puede llevar a cabo ninguna investigación y  si no existe la colaboración del perjudicado es imposible obtener información y  judicalizarla.

¿Por qué el silencio?

En el caso del tráfico ilegal de personas se da porque los coyoteros  amenazan a las personas.
Por ejemplo, con  el caso de Freddy Lala, a la provincia llegó una campaña de temor que no solo afectó a su familia sino a toda la provincia. Decían que iban a venir los Zetas de México y con metralletas en mano iban a diezmar a toda la población. Además que iban a incendiar las casas en la madrugada, especialmente las de  las zonas alejadas.

¿Cómo la Fiscalía recupera la confianza en las personas?

Una de las   tareas fundamentales de la Fiscalía  fue socializar a la institución, ya que de nada servía que nosotros estuviésemos preparados técnicamente si la ciudadanía no conocía ni dónde se tenía que denunciar.

¿Qué ha hecho  la entidad para evitar impunidad en este delito?

Hemos procurado entregar las herramientas suficientes para que los jueces emitan sus fallos en derecho.

¿Continúa la lucha contra el tráfico ilegal de personas?

ontinúa la lucha en todos los delitos. Queremos que la provincia quede libre de delitos. En el caso del coyotero hay un mensaje claro; si ellos pretendan seguir ejerciendo sus acciones en la provincia los  vamos a combatir con la ayuda de la Policía. No como venganza sino respondiendo al derecho de la sociedad a ser protegida.

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