La vida es diferente para Olismar Campos, una venezolana que reside en los bloques de apartamentos del complejo habitacional Los Tamarindos en Portoviejo. Desde que llegó a Manabí, hace 45 días, volvió a nacer.

Por su vulnerabilidad los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y la Cancillería se han ocupado del caso.

Para analizar la situación de la infraestructura de los departamentos y cómo viven sus ocupantes en Los Tamarindos, las cuatro entidades más un delegado del Municipio de Portoviejo se reunieron el jueves.

Katherine Viteri, coordinadora de la oficina zonal técnica del Miduvi, dijo que se trabaja en base a un informe técnico que realizaron en el anterior gobierno en torno al estado de los edificios. En el estudio se determinó que las estructuras podían ser reparadas y luego habitadas.

Son en total 40 familias que ocupan las unidades habitacionales: de ellas 8 son venezolanas, con 48 personas, según detalló el delegado del MIES, Guido Mosquera.

“Hemos encontrado además que de 145 personas del total que habitan en los condominios, 53 tienen trabajos en el sector privado”.    

Para Viteri, de las 40 familias que habitan en el lugar solo cuatro son propietarias. Frente a ello, la obligación para una posible reubicación en caso de que las estructuras de los edificios presenten problemas sería solo con esas cuatro familias. “Para ellos hay disponibilidad en el asentamiento San Alejo”, afirmó.

Antes de emitir algún criterio sobre la habitabilidad de esos apartamentos, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) analizará la situación de quienes viven en esos bloques.

En torno a una posible salida de los ciudadanos venezolanos, la representante de Cancillería, María Soledad Vela, dijo que se deberán tomar en cuenta las condiciones en las que habitan.

La funcionaria ofreció ayuda con la regularización de sus papeles.

Portoviejo no es el único caso. Algo parecido sucede con Ninuska Rodríguez. Ella arribó desde el estado de Táchira de Venezuela hace tres meses y vive en los bloques de apartamentos del sector El Palmar en Manta, el cual también fue afectado por el terremoto de 2016.

En las dos ciudades, las venezolanas entraron con visa de turista. (I)

Foto: Rodolfo Párraga / El Telégrafo