La Comisaría de Construcción del Municipio de Riobamba dispuso el derrocamiento de un muro que ocupaba una zona en la vía pública y que pertenecía al exalcalde Juan Salazar López. Este caso se denominó la calle del Batán’ o ‘la calle de la dignidad’.

Esta calzada, de 200 metros de largo por 7,20 de ancho, estuvo involucrada en una polémica. A finales de 2012, los vecinos del lugar denunciaron el cierre de esta vía que por muchos años fue utilizada para conectar el camino del Batán con los barrios cercanos.

En ese tiempo, a ambos costados se colocaron 2 pesadas puertas que solo permitían el acceso de personas particulares. Poco a poco se fue dilucidando el caso y la denuncia se multiplicó en las redes sociales.

Los concejales entonces solicitaron información al Alcalde y a sus estamentos, pero eso se demoró.

Para el 18 marzo, se informó que los predios 3, 4, 5 y 6 del pasaje San Andrés se encontraban a nombre de Juan Alberto Salazar López, que en aquel entonces era el Alcalde de Riobamba (hoy permanece en prisión) y que, de acuerdo a la documentación presentada, se adjudicaba esa calle con firmas del actual alcalde Mario Robalino.

Al respecto, este último mencionó que había firmado amparado en un informe del Departamento Jurídico y de Planificación.

Posterior a esto, las puertas que bloqueaban los 2 ingresos de la vía fueron retiradas y el paso quedó habilitado. Solo se mostraba un cerramiento de ladrillo, en el que se apostaban cámaras de seguridad, alambrada electrificada, casetas de guardianía, que protegían la vivienda del exalcalde Salazar.

Pero el tema no terminó allí. La Comisión de Mesa conformada por concejales solicitó la destitución del burgomaestre y entre las causales, se mencionaba la toma de una calle pública para uso privado (calle del Batán o San Andrés). A la postre, Salazar fue destituido de su cargo por esta y otras denuncias.

Cuando se constataron las medidas de la vía, el equipo técnico del Municipio determinó que no tenía los 7,20 metros de ancho, e inició el proceso de recuperación. Luego de varias apelaciones y de un proceso administrativo de meses, el Municipio determinó el derrocamiento del cerramiento de 200 metros. Con maquinaria pesada y la Policía se ejecutó la disposición. “Estamos devolviendo a la ciudad su calle”, dijo el comisario Álex Lluguín.