Un grupo de 64 trabajadores del Municipio de Pastaza presentó una acción de protección y luego un recurso de amparo, en la Corte Provincial de Justicia, por los supuestos abusos que sufre por parte de autoridades de la institución.

Al interior del Cabildo existen aproximadamente 250 trabajadores, de los cuales cerca de 100 pertenecen al Sindicato 1 que lo preside Eduardo Bonifaz. El Sindicato 2 o Fuerza Proletaria, dirigido por Fernando Meneses, en cambio agrupa a 64 integrantes, quienes son los que plantearon el recurso legal.

Según  Meneses, secretario general de la organización, la Municipalidad  ha incumplido  sus obligaciones patronales.

“Nos han humillado. No nos cancelan los sueldos que merecemos y existe discriminación porque nos consideran que somos opositores a la institución. Nosotros solo reclamamos nuestros derechos”, dijo el dirigente. Para poner un ejemplo hizo comparaciones respecto a lo que percibe un empleado de su organización frente a lo que se le paga a otro que ocupa el mismo cargo, pero que pertenece a la otra agrupación. Sostuvo que un barrendero del Sindicato 1 tiene un sueldo  de 650 dólares, mientras que el del Sindicato 2 tan solo percibe 320 dólares. En el caso  de los conserjes, el del primer gremio, gana $ 640  y el del segundo, $ 318.

Betty Caiza, quien labora en el Ayuntamiento por más de seis años, indicó que su sueldo es de $ 320, mientras que otras compañeras que realizan su misma actividad sobrepasaban los $ 600.

“La exigencia, presión y amenazas no han desaparecido. Únicamente exigimos que se respeten nuestros derechos laborales y que nos paguen los sueldos al igual que a los del otro sindicato. Todo el tiempo somos perseguidos. El ambiente de trabajo es inaguantable, pero por la necesidad de tener un sueldo para nuestros hogares debemos soportar”, refirió.

En vista  de que la acción de protección no fue calificada, los trabajadores optaron por plantear un recurso de amparo que cayó en el despacho del juez Segundo de lo Civil, Víctor Manuel Quintanilla, quien aún no se ha pronunciado. 

Esto obligó a que una comisión de trabajadores acompañados por su abogado defensor acudan donde el magistrado para exigir que se agilite el proceso. Los demandantes tienen cerca de 20 años de laborar en el Municipio.