Los cambios que conllevan las reformas a la Ley de Inquilinato han puesto a trabajar a todos los municipios del país en la revisión de sus ordenanzas, a fin de que concuerden con el nuevo cuerpo legal.

Ese es el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Patate, cuya ordenanza sobre temas de arrendamiento data de 1988 y en cuyas cláusulas aún se mantienen las tasas de inscripción de arrendamiento en sucres. Así lo indicó Guillermo Gutiérrez, comisario municipal del cantón.

“No se ha actualizado la ordenanza de inquilinato, pero debe hacerse de manera urgente; de eso se hará cargo
el Concejo Cantonal”, dijo Gutiérrez.

Para la implementación del cobro de las garantías de arrendamiento, el funcionario indicó que serán las partes ejecutiva y legislativa, constituidas por el Alcalde y los concejales del cantón, respectivamente, quienes deben emitir las órdenes a la Comisión de Legislación y Financiera, para que se implementen los mecanismos más adecuados a fin de proceder a dichos cobros; esto en base de una actualización de todos los predios que funcionan como casas renteras u ofrecen locales de arriendo.