Hace dos años  surgió la preocupación entre 51 familias que habitan a orillas del río Pastaza, en el cantón Mera, luego de que la unidad provincial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) efectuara varias  inspecciones y estableciera que el talud que soporta a la meseta de la ciudad está en peligro a causa de los golpes de la corriente.

Enrique Meza, titular de la SNGR en la provincia, ratificó hace pocos  días, que el tramo de dos kilómetros ubicado al costado izquierdo de Mera (en dirección Puyo - Baños) podría tener dificultades con el paso del tiempo. “Son los informes técnicos los que han determinado que hay un peligro inminente por el deterioro y daños del talud (…) Y por seguridad, las familias deben salir de ese lugar” indicó Meza.

Pero la disposición de la SNGR ha causado reacciones negativas tanto de las autoridades municipales como de los habitantes involucrados en el tema, quienes han afirmado que no saldrán de sus hogares. A más de las viviendas, en dicho tramo existen más de 20 locales comerciales, entre tiendas de abastos, ferreterías, restaurantes, hoteles, etc.

Los desacuerdos entre el organismo estatal y las familias afectadas los llevaron inclusive hasta la Corte Provincial de Justicia. Allí, el caso recayó en el Juez Primero de lo Civil,  Antonio Kubes, quien el 17 de enero del 2012 resolvió, entre otras cosas, sugerir que los gobiernos seccionales, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la SNGR debían de inmediato iniciar trabajos de mitigación y soporte del talud, construyendo un muro.

Pero dicha resolución no se ha cumplido hasta el momento. “Para iniciar los trabajos de mitigación, las familias deben salir del sitio”, recalcó Meza.

El mismo funcionario indicó que,  en coordinación con las autoridades locales, se logró  que los desagües de los domicilios del tramo afectado fueran canalizados hacia otro sitio, para que ya no desfoguen directamente a través del talud. Así mismo, como otra medida paliativa, el paso vehicular pesado por la vía principal ubicada  sobre la meseta también fue  desviado.

Entre tanto, el gobierno provincial de Pastaza y la municipalidad de Mera procedieron a encauzar el río hacia el costado izquierdo

No obstante, para Meza, este trabajo resulta infructuoso porque  la fuerza de la naturaleza hace que en épocas de lluvia se incremente el caudal del río y el cauce ocupe su posición original, volviendo a afectar el talud.  Al momento, dichos trabajos han sido  paralizados.

El Presidente de la Junta Cívica del cantón amazónico, Gonzalo Tapia, comentó que hasta ahora, de las 51 familias, cinco aceptaron voluntariamente la reubicación, pero que el resto ratificó la resolución adoptada en varias reuniones de permanecer en el lugar.

“Tengo 70 años de vida y no ha pasado nada. Aquí hay casas que cuestan más de 100 mil dólares y no es justo que nos pidan salir a cambio de una  de 13 mil. La solución debe ser el encauzamiento del río y el sostenimiento del talud”, refirió Tapia.

El director de la SNGR y el presidente de la Junta Cívica coinciden en que el Municipio de Mera ya está gestionando la donación de un terreno junto al estadio del cantón,   donde se prevé reubicar a las familias. Sin embargo, dicho sitio aún carece de servicios básicos.

Igualmente, se gestiona ante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) la construcción de las viviendas. El proceso todavía está en trámite y se desconoce la fecha de ejecución.

En la zona donde estaría afectado el talud, se construyó un teleférico. Pero de acuerdo con la resolución de la SNGR y del magistrado, esa infraestructura turística no podrá funcionar por constituir un riesgo. Según el ente estatal y la justicia, hay evidencia de que el teleférico fue construido sin  estudios técnicos y las torres de soporte del cableado están asentadas sobre material arrastrado por el río. “Es algo peligroso”, refirió el juez Kubes.

Para avanzar en la socialización del problema a fin de que los afectados acepten el traslado, el pasado viernes visitó la provincia Raúl Ortiz, Subsecretario de Construcción Social, quien verificó el avance de las acciones de mitigación. Las autoridades anuncian que se mantendrá el monitoreo del talud. Mientras, los pobladores insisten en que no abandonarán el sitio.