Los crespones negros continúan colocados en la entrada del centro comercial San Agustín, ubicado en el edificio en que funcionaba el Registro Civil en la intersección de las calles Mejía y Guayaquil.

Así mismo, en las paredes aún se observan varios carteles de protesta en contra de la decisión de demoler el inmueble y convertir el espacio en una plaza de más de 1.800 metros cuadrados.

Sin embargo, en el sector se puede palpar que los comerciantes se van haciendo a la idea de que tarde o temprano tendrán que desalojarlo.

Una prueba es que 13 de los arrendatarios de los locales que funcionaban en la parte posterior del convento agustino ya han desocupado los espacios. Las ventanas de dichos puestos de venta están recubiertas con hojas de periódico.

Augusto Carrera, de 75 años de edad y que durante más de 40 años ha administrado una relojería en el centro comercial, contó el pasado viernes con resignación que los inquilinos del edificio están prácticamente a la espera de la llegada de la notificación de su salida para conocer los plazos y buscar alternativas.

Esto sucede luego de que la estructura fuera declarada de utilidad pública por el Municipio y que en esta semana se conociera que las autoridades habrían depositado 1,3 millones de dólares en una cuenta de la congregación religiosa, como compensación por el edificio.