El 22 de febrero del año anterior, el entonces alcalde (e) de Quito, Jorge Albán, abrió la licitación para la compra de 18 trenes (de 6 vagones cada uno), 4 vehículos auxiliares, equipamiento del taller de mantenimiento y un lote de repuestos para la Línea 1 del Metro.  

Cinco meses después, ya en la administración de Mauricio Rodas, el consorcio CAF Metro de Quito fue declarado ganador del concurso  con una oferta de $ 183 millones ($ 10 millones menos que el presupuesto referencial establecido).

Esas y la reciente culminación de las estaciones El Labrador (norte) y La Magdalena (sur), que forman parte de la Fase I, han sido las últimas acciones concretas en torno al proyecto de movilidad.   

La Municipalidad preveía que hasta mayo de 2014 se definiera al constructor de la Fase II del sistema de transportación (túnel de 22 km, 13 paradas intermedias, garajes).

Así mismo, se planeaba que esas obras arrancaran en junio pasado. De ese modo, el tren subterráneo podía iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2017, puesto que el plazo de entrega de la obra estaba fijado en 36 meses (3 años).

Sin embargo, las previsiones han ido ampliándose paulatinamente y por diversas causas.  En primer término, los resultados electorales de febrero de 2014 determinaron el aplazamiento de la apertura de las ofertas para la segunda fase.

El exalcalde Augusto Barrera prefirió dejar la decisión sobre quién construirá la parte más importante del proyecto en manos de quien le sucedió en el cargo.

El 7 de julio anterior se abrieron las ofertas de los 4 consorcios precalificados. Ello permitió descubrir que todas las ofertas excedían el presupuesto referencial establecido en alrededor de $ 1.100 millones para dicha fase.

Previamente, el concejal Antonio Ricaurte (SUMA-VIVE), afín a Rodas, efectuó una campaña en medios en la que aseguraba que los costos planteados por la Alcaldía anterior para el proyecto no eran correctos y que el Metro no terminaría valiendo los $ 1.500 millones presupuestados en total para todas las obras sino mucho más.

El gobierno local inició, entonces, un proceso de búsqueda de recursos para cubrir la brecha presupuestaria abierta.

Cuatro meses después de la apertura de las ofertas (fines de noviembre), el Cabildo presentó al Gobierno Nacional un proyecto de financiamiento, el cual fue rechazado a inicios del mes siguiente.

El presidente Rafael Correa denunció que Rodas pretendía que el Ejecutivo asumiera la totalidad de los eventuales costos extras, mientras aplica en la ciudad una política de baja de impuestos y multas.  

El Municipio empezó, entonces, la elaboración de un nuevo plan de financiamiento, que fue anunciado el 2 de febrero último. Este consiste en que será el propio gobierno de la urbe el que financie el presupuesto adicional a través de créditos.

A estas demoras se suma la decisión anunciada el 3 de junio de 2014 por la Alcaldía de aumentar el plazo de entrega de la segunda fase.

Ahora, la constructora no tendrá 36 meses, sino 42, a pedido de los consorcios participantes. De ese modo, si las obras empezaran en el segundo semestre de este año, la obra no concluiría sino a fines de 2018 o inicios de 2019. (I)