Yolanda Cuenca vive desde hace 18 años cerca del colegio San Gabriel (centro-norte de Quito). Aborda 2 o 3 buses diarios para recoger y entregar las obras de confección con las que  se gana la vida.

Una de las preocupaciones de Yolanda es su seguridad debido a la velocidad que imprimen los conductores para ganar pasajeros. “Los choferes no dejan la mala costumbre de corretear”, dice la costurera, quien afirma que ha caído varias veces por esa causa.

Segundo Hinojosa, habitante del barrio San José de Jarrín (al norte), coincide en que las competencias entre conductores es un problema que se mantiene en la capital.

El obrero de la construcción añade que el exceso de pasajeros es otra dificultad que se vive a diario. “(Los transportistas) llenan los buses de gente y la llevan colgada en los estribos. Cuando ven un agente (de tránsito) cierran las puertas, pero es peor porque uno va más apretado y hasta le roban”, asegura.

Para evitar estos problemas se planeó establecer el sistema conocido como caja común. Se trata de una forma de recaudación por la que las ganancias de los integrantes de una operadora se centralizan y se reparten de forma equitativa.

En 13 de enero de 2014, el entonces alcalde (e), Jorge Albán, entregó certificaciones a 54 de las 62 cooperativas de la ciudad por tener el sistema. Hasta diciembre de aquel año, el uso debía estar consolidado.

El primer paso consistía en contabilizar los ingresos mediante la entrega de boletos de papel. Esto se cumplió al inicio, pero hoy la entrega del ticket es prácticamente nula.   

Las únicas que lo hacen son las compañías Paquisha y Transporsel, que tienen operaciones con los corredores municipales de transporte.

En tanto, las otras fases del proyecto ni siquiera han arrancado: hasta diciembre de este año las compañías deberían contar con sistemas electrónicos de recaudo y, hasta 2018, la recaudación debe efectuarse mediante tarjetas electrónicas recargables. (I)