¿Quién se apunta a recibir un cheque de $ 4.250?

- 28 de mayo de 2018 - 00:00

Sí. Ese es el valor del cheque que recibiría cada ecuatoriano bajo la premisa de que los ingresos del Presupuesto General del Estado 2018 ($ 34.853 millones) se distribuyeran entre toda la Población Económicamente Activa (8,2 millones, según el INEC). Y para una pareja el cheque sería de $ 8.500.

Las propuestas para cambiar el papel de un “Estado padre y proveedor” de bienes y servicios gratuitos y empoderar al ciudadano para que reciba dinero directamente (no los $ 4.250) y escoja entre pagar la educación de sus hijos, hacerse una cirugía, pagar la entrada de un auto o departamento o simplemente ir de vacaciones; parte de que los Estados son entes burocráticos y poco oportunos en atender las necesidades de sus ciudadanos.

Pensemos en el terremoto de abril de 2016; una asignación directa de fondos a los afectados les hubiese permitido atender sus necesidades urgentes; así para unos sería refaccionar su vivienda, otros cambiar su residencia, alimentos, salud… y la ayuda no solo que no fue la óptima sino que con parte de las “contribuciones solidarias” se cubrieron otras necesidades de gasto público.

Si el dinero puede ser mejor empleado por el individuo que por el Estado, es una de las cuestiones a resolver. Para muestra basta ver en nuestro país cómo personas con ingresos inferiores a un salario básico sacan a una familia día a día. Un “capital semilla” que les permita iniciar un negocio tendría un efecto multiplicador y de crecimiento muy valioso.

El Bono de Desarrollo Humano no cumple esta finalidad tanto por el monto ($ 50); así como por el beneficiario que no tenga empleo (sin afiliación a la seguridad social).

Las condiciones de encontrar un empleo antes que mejorar, van en camino a complicarse aún más. La era de la tecnología hace que las máquinas sustituyan a los humanos en muchas tareas. Watson es la pesadilla para nosotros los abogados, esta plataforma de inteligencia artificial creada por IBM, dará respuesta a todas las dudas legales de los clientes, elaborará contratos, preparará demandas y quizás dicte sentencias.

En este orden, es claro que el rol de “Estado padre y ciudadano hijo” ha cumplido su ciclo, y es hora de romper paradigmas, uno de ellos el hacer partícipe activo al ciudadano en los cambios.

Así los procesos de evaluación iniciados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio merece todo mi respaldo y apoyo. (O)

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