Las finanzas verdes y la protección ambiental

- 20 de mayo de 2018 - 00:00

A nivel internacional existe un nuevo movimiento, amparado en gran parte en el Acuerdo de París, que apuesta por la transición a una economía global no solo sostenible, pero ante todo sustentable, es decir, lograr un crecimiento económico, en el cual también se procure la conservación y protección medioambiental con justicia social para lograr una adecuada calidad de vida. Para alcanzar los objetivos puestos en París, por la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – que suenan loables y deseables en el discurso- vamos a necesitar una cantidad considerable de recursos económicos en la práctica.

Al parecer muchos programas y proyectos de inversión se olvidan de una parte fundamental, su financiamiento, pero los organismos internacionales están apostando por la ampliación de la financiación de inversiones que además proporcionan beneficios ambientales: las “finanzas verdes”, pero ¿qué son? Según la Corporación Financiera Internacional (IFC), comprenden el  financiamiento de inversiones verdes, públicas y privadas en bienes y servicios ambientales como: la gestión del agua, protección de la biodiversidad y paisajes, prevención, minimización y compensación de daños ambientales, eficiencia energética, financiación de políticas públicas. Estos  fomentan la implementación de proyectos e iniciativas de mitigación o mitigación del daño ambiental o instrumentos financieros para inversiones verdes como los bonos verdes –que por cierto ya están funcionando en nuestro país- y fondos verdes estructurados, además están enmarcados en varios marcos de referencia como son los Principios Ecuador. Hay alrededor de 100.000 millones de dólares por año hasta el 2020 que deberían ser colocados en proyectos verdes. Pero para alcanzar los objetivos de sustentabilidad hay que entender cuáles son las tendencias internacionales y,  la banca privada como pública deberían comunicar mejor las nuevas prácticas de colocación de recursos para negocios verdes, especialmente considerando que Ecuador es un país agrícola y que muchas de las emisiones de gases efecto invernadero provienen de ese sector. ¿Será que los presidentes de las cámaras de agricultores y BanEcuador saben de todas las iniciativas, protocolos, convenios, leyes e incentivos ambientales de los que formamos parte como país para participar del financiamiento verde? Y de ser el caso, ¿tendrán las habilidades para cumplir con los nuevos criterios y acceder a los fondos verdes? (O)

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