Si no le ha tocado, por lo menos habrá escuchado de la auditoría tributaria. Las auditorías del SRI son procesos de los departamentos de gestión o de auditoría, en función de si estas son focalizadas a determinadas cuentas o casilleros de la declaración de impuestos (IVA, Renta, ISD, ICE) o integrales para una revisión profunda que puede durar más de un año.

La determinación incluye la verificación; esto es, comprobar lo que ya conoce la administración de las declaraciones realizadas por los contribuyentes; y, actividades de complementación para  incorporar nuevos datos de aquello que desconoce e ignora la administración, y es preciso contar con información de terceros o analizar si se trata de hechos simulados, en donde la voluntad real de las partes difiere con lo que han declarado a fin de evitar el pago de los impuestos debidos, como determina el Código Tributario (art. 68 CT).

En los últimos años la labor del SRI se ha enfocado en auditorías masivas (cruces de información automáticos) y asistencia a contribuyentes: facturación electrónica y formularios en línea, como los logros más destacables. Sin embargo, ha descuidado las auditorías intensivas y de campo, que es en realidad donde se detecta el fraude y la evasión.

Las buenas prácticas internacionales determinan que el 1% del catastro de contribuyentes debería ser objeto de una auditoría profunda en el año; que a la luz de los avances e información que recaba el SRI de declaraciones y anexos, no es el “voucheo” o la revisión física de comprobante por comprobante, lo cual se vuelve innecesario por la facturación electrónica, tampoco la “trazabilidad” de la operación, ya que el pago de operación a partir de los $ 1.000 debe realizarse por el sistema financiero.

De un catastro del RUC de 1’800.000 contribuyentes, unos 18.000 deberían ser sujetos a auditorías profundas y revisión de operaciones. Estamos bastante lejos de  esta cifra.  

El último estudio de la CEPAL (Panorama Fiscal 2019) determina que el promedio de evasión en el impuesto a la renta y el IVA en Latinoamérica es el 6,3% del PIB; que representa para Ecuador unos $ 6.500 millones que se dejan de pagar por operaciones fraudulentas y régimen de exenciones.

Por lo que es un nicho por tener en cuenta, antes que una reforma para incrementar impuestos indirectos (IVA e ICE) de los cuales la carga tributaria la soporta la clase “sandwich” que carece de margen para evitar su pago. (O)