Cualquier acto de la administración pública que implica un cambio en los procesos a los que estamos acostumbrados como administrados, siempre trae consigo una etapa de adaptación, la misma que en ocasiones dura un largo período para lograr su aceptación y una familiarización de esta disrupción hacia un “algo” normal o natural. El estado ecuatoriano, el Gobierno y los ciudadanos nos encontramos en un proceso forzoso de adaptación al que poco a poco hemos acoplado nuestras actividades diarias desde una nueva óptica de ejecución, confiando siempre en la recepción de nuestra labor por parte del Estado como gran administrador y regulador de las relaciones que se configuran en la sociedad. Sin embargo, existe una actividad de gran magnitud que no puede ser tomada como “normal”. Se trata de las elecciones de autoridades que se ejecutarán en un solo día, en febrero de 2021. La confianza ciudadana será el elemento que supla este gran proceso de adaptación; sin embargo, no existe fórmula mágica para hacer que la sociedad confíe en el órgano de administración electoral y más aún, con un proceso electoral que se avecina de manera tan peculiar en medio de una pandemia que ha suspendido el normal flujo de actividades. En la búsqueda de un proceso legal y legítimo podemos expresar ciertas aspiraciones ciudadanas, como el apego a los principios democráticos y al sistema jurídico que en atención al régimen legal vigente exige una independencia partidaria o particular de la gestión de las autoridades; profesionalismo y ejecución de atribuciones y funciones especializadas; capacidad técnica; y, el respeto máximo del principio de legalidad. La eficiencia administrativa apegada a la realidad debe considerar que cualquier implementación o solución para ejecutar el proceso electoral  debe ser tomada como una política pública con el respeto a todos los pasos que esta implica, esto es: estudios, preparación, pruebas, ejecución y validación que además ayude al cierre de brechas sociales para no convertirse en causa de justificación del error. El calendario electoral avanza y el Consejo Nacional Electoral aún no aprueba un presupuesto aterrizado y coherente con las nuevas necesidades de la sociedad para un ejercicio democrático eficiente y eficaz. Es el momento de empezar a involucrarnos como  aportantes a esta situación, generando crítica propositiva en búsqueda de mejores días para el país. (O) et