La coronel de Policía, Margarita Pereira Ramírez, se constituyó este jueves en la primera mujer en dirigir la Escolta Legislativa, en reemplazo del coronel Víctor Hugo Zárate, quien concluyó sus funciones.

El relevo de mando se realizó en una ceremonia en la Plaza Juan Montalvo, en la sede legislativa, en Quito, la cual fue presidida por el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. Además, contó con la presencia de los legisladores Carlos Bergmann, Soledad Buendía, Verónica Arias y Luis Fernando Torres, así como de Diego Mejía Valencia, comandante General de la Policía, y Diego Fuentes, viceministro del Interior.

En su discurso de posesión, Pereira se comprometió a llevar una gestión con altura, demostrando trabajo y atendiendo las expectativas de la mujer de hoy.  

Exhortó a los miembros de la entidad a “demostrar responsabilidad, humildad, honestidad, tolerancia, respeto y consideración hacia la diferencia; solidaridad para lograr metas y objetivos en común; libertad, que es virtud del ser humano; responsabilidad y actitud soberana para que flamee en lo alto la bandera de la paz y los derechos humanos”.

De su lado, el Jefe de Escolta Legislativa saliente, Víctor Hugo Zárate, agradeció por el respaldo político e institucional recibido para el cumplimiento de su gestión en los 18 meses que estuvo al frente.

A la vez,  invocó al “Todopoderoso para guíe en las decisiones” que deba tomar su sucesora.  

En la ceremonia, el titular de la Asamblea, José Serrano, impuso la condecoración Asamblea Nacional Vicente Rocafuerte al Mérito Social al Estandarte de la Policía, y entregó al comandante Diego Mejía el correspondiente acuerdo legislativo.

En el documento se destaca la significativa misión de los uniformados en condiciones de unidad, trabajo y convicción para proyectar capacidades y competencias en beneficio de la colectividad.

Además, pone de manifiesto que en las filas policiales se han formado valiosos hombres y mujeres que fortalecen sus actitudes con firmeza y perseverancia para implementar acciones institucionales que reafirman la construcción de un país equitativo, garante y respetuoso de los derechos humanos. (I)