Esta mañana el candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática, Paco Moncayo, presentó un proyecto de ley denominado “Ley orgánica para fortalecer la transparencia en el acceso y ejercicio del cargo, función o dignidad en el sector público”, con lo cual intenta que se suspenda la consulta popular a realizarse en febrero del 2017 y que este tema se tramite en la Asamblea para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público. 

De esta manera Moncayo cree que se podría suspender la consulta, a la que la considera costosa, inoportuna y que además permitirá al Primer Mandatario intervenir en la campaña electoral.

El presidente de la República, Rafael Correa, presentó una propuesta de consulta popular con la pregunta: ¿Está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? 

La cuestión ya fue aceptada por la Corte Constitucional de acuerdo al trámite señalado en la Carta Magna, además el Consejo Nacional Electoral ya aprobó el plan operativo y designó los recursos necesarios para la realización de la consulta junto a los comicios electorales de febrero del 2017, por lo que está pendiente la convocatoria oficial que se haría esta semana.

Moncayo estima que se ahorrarían cerca de $ 3 millones que costaría esta consulta, “y no afectaría el normal desarrollo de las propuestas que hemos formulado los candidatos, en el marco del proceso electoral en que los ecuatorianos nos aprestamos a escoger los futuros mandatarios de las funciones Ejecutiva y Legislativa”.

La propuesta la entregó a la asambleísta Lourdes Tibán, de Pachakutik, quien forma parte del Acuerdo Nacional por el Cambio que apoya la candidatura presidencial de Moncayo, quien dijo que esta misma tarde reunirá la firmas necesarias para que entre a trámite legislativo lo más pronto posible.

Moncayo señaló que está de acuerdo con la prohibición de que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales y que esta reforma sería más efectiva y rápida, además señala que su proyecto incorpora otro impedimento referido a que los funcionarios públicos no podrán “poseer capital accionario en empresas que puedan tener conflicto de intereses con el cargo, función o dignidad a desempeñar en el cargo público”. (I)