En la última década, entre el 15 de enero de 2007 y enero de 2017, la Asamblea Nacional aprobó 215 leyes y creó 10 códigos.

De estos preceptos legales, 60 se hicieron antes de la vigencia de la Constitución de 2008. Esto sin incluir la declaratoria de interés nacional del Yasuní, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ni las enmiendas a la Constitución del periodo 2014-2015.

Las normativas aprobadas se distribuyen en tres ejes: recuperación del Estado y modernización democrática con 109 leyes; equidad, inclusión, derechos y justicia con 83; y 23 textos legales que promueven la producción y desarrollo (ver gráfico). De los textos aprobados, el 62% llegó por iniciativa del Ejecutivo, durante el Gobierno de Rafael Correa.

Para Mauro Andino, asambleísta por Alianza PAIS, que las leyes sean iniciativa del Ejecutivo como del Legislativo responde a un “ejercicio de doble vía”.

Según la investigación presentada por el actual asambleísta Virgilio Hernández, “en los Ejecutivos se concentra capacidad técnica, políticamente evidencia el liderazgo en la conducción del Estado y la importancia de que los Presidentes cuenten con respaldo en las legislaturas”.

Añadió que esto, que por ahora ha sido criticado, fue el objetivo “de los ideólogos de la gobernabilidad en los años noventa”.

En tan solo un año (2007-2008), los asambleístas aprobaron 60 normas. Estas respondieron a los mandatos que se hizo en la Constituyente y a normas que estaban pendientes de años anteriores y ‘necesarias para la Revolución Ciudadana’, indicó Hernández. Un ejemplo de esto es la provincialización de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, el Código de Trabajo, la Ley de Cooperativas, entre otras.

Dijo que las legislaciones relacionadas con reformas económicas han sido las que más han generado críticas. Entre ellas, la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y la fijación de tributos.

En eso coincide el asambleísta Armando Aguilar (PAIS), quien manifiesta que las jurisprudencias más conflictivas han sido “las que no perjudican a los grandes sectores sociales”.

Entre los códigos que destaca Hernández se encuentra el de Procedimiento Penal, de la Niñez y Adolescencia, el Orgánico de la Función Judicial y el de la Democracia. También suma los 23 mandatos y además la Constituyente que aprobó el Código de Ejecución de Penas, el Código Penal, el Código del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El asambleísta Andino considera como destacables los códigos: Orgánico Integral Penal, el General de Procesos y el Administrativo.

El reto para el nuevo Legislativo

La nueva Asamblea debe continuar con la corresponsabilidad del país, la situación económica o de tragedias, como el terremoto del 16 de abril de 2016, que la Legislatura saliente pudo darle respuesta inmediata, según destacó Hernández.

Añadió que quedan temas en materia económica que tienen que ser desarrollados, una nueva Ley de Seguridad Social y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Por una mayor justicia, igualdad”, dijo.

Destacó que en materia de fiscalización ‘se puede avanzar’.

Para Augusto Espinosa, asambleísta electo por PAIS, es importante reformar el Código de la Democracia -sobre todo el tema del rol de las encuestadoras en época electoral- y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Diego Salgado, asambleísta de CREO, pidió mayor énfasis en lo referente a la legislación que motive a la inversión extranjera para generar fuentes de empleo.

Frente a quejas por ciertas normativas, Hernández indicó: “Ninguna ley está escrita en piedra. Responden a un tiempo determinado. Las leyes representan procesos, tensiones sociales, tiempos determinados y ciertas condiciones políticas”.

Wilson Chicaiza, asambleísta de CREO, afirmó que la normativa que deja el legislativo son perfectibles y los próximos periodos tendrán que realizar las reformas ‘de fondo o de forma’ a los cuerpos legales existentes, pero ‘despojándose de todo prejuicio ideológico, de todo complejo personal, porque aquí debemos legislar en función de los ecuatorianos, no de grupos económicos, políticos o sociales’.

Hernández aspira a que la Comisión de Régimen Económico y Tributario, de la cual es Presidente, logre aprobar el Código de Comercio antes de la finalización del periodo de la actual Asamblea Nacional.

Destacó que la reforma emblemática que deja los 10 años de Gobierno del presidente Correa es la Constitución, que significó una total transformación jurídica. (I)

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La codificación de leyes permitió recuperar el Estado y ampliar derechos

Uno de los pasos que el Gobierno de la Revolución Ciudadana realizó en la última década fue la codificación de las leyes que permitió, según la investigación del actual asambleísta Virgilio Hernández, ‘la recuperación del Estado y sus roles fundamentales, así como la ampliación de derechos’.

Es decir, la codificación permite simplificar las leyes, ubicar en un solo código varias normas.

Para el asambleísta, esto implica ‘democratizar’, lo que, a su vez, permite la recuperación de un paradigma de fortaleza estatal que busca superar la fragmentación generada por la legislación especial que impidió una visión articulada e integral del país.

Explicó que esto retira el poder de las grandes élites para darlo a la ciudadanía.

En la Constitución que estuvo vigente desde 1998 hasta 2007, solo existieron tres códigos. El asambleísta indicó que dos de ellos no deberían considerarse como códigos, tal es el caso del Código de ética de la Función Legislativa, que en realidad es un reglamento de comportamiento de los legisladores.

Hoy en día el país cuenta con 12 códigos que abarcan a varias leyes en sus cuerpos.

Los códigos que mayor debate generaron son: el Código Orgánico de la Función Judicial; Código de la Democracia; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía; Código de Comercio y el Código Orgánico Administrativo. (I)