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El Telégrafo
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CNE pide a la Fiscalía que investigue supuesto fraude electoral

Para Pozo, la denuncia de los políticos de oposición contiene delitos contra la fe pública.
Para Pozo, la denuncia de los políticos de oposición contiene delitos contra la fe pública.
Foto: Twitter / @JuanPabloPozoB
29 de junio de 2016 - 15:09 - Redacción Política

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, solicitó al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, que inicie una investigación sobre los supuestos delitos de acción pública que se habrían cometido en el procesos electoral del 2014.

Esta fue la respuesta a la denuncia realizada en la mañana por las organizaciones políticas que integran el denominado Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral, sobre supuestos votos falsos en las elecciones seccionales de 2014, cuya investigación la habría realizado William Murillo, exsecretario Nacional del Migrante.

Murillo dijo que recolectó de la plataforma oficial de Dato Seguro, la información de 5.683 migrantes empadronados en el exterior, donde -según su análisis-, constan como si hubiesen sufragado en las elecciones locales de 2014, lo cual no sería legal, ya que al estar empadronados fuera no pueden votar por alcaldes y prefectos y ni siquiera deberían constar en el padrón.

Los dirigentes de los partidos y movimientos de oposición dijeron que acudirán a la Fiscalía para solicitar que se inicie una investigación, porque se trata de un presunto fraude electoral que debe ser investigado por las autoridades competentes.

Pero el primero que pidió la investigación fue el titular del CNE, quien calificó a la denuncia como "irresponsable" con el país, porque busca menoscabar procesos anteriores con fines políticos.

Tras precisar que el único documento que confirma que una persona ha sufragado es el padrón electoral, donde consta su firma o huella del sufragante, aclaró que la información de Dato Seguro hace referencia a que esa persona solicitó un certificado de votación, que se entrega en cualquier delegación electoral a cualquier ciudadano que haya o no sufragado, para que pueda realizar trámites.

Para Pozo, la denuncia de los políticos de oposición contiene delitos contra la fe pública, con falsificación de firmas, contra los derechos de participación, falso sufragio, fraude electoral y suplantación de identidad, bajo una prueba que es el certificado de votación, por lo que es necesario “que se investigue la denuncia planteada y se compruebe si sucedió o si se trata de una acción maliciosa y temeraria”. (I)

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