La consulta popular sobre paraísos fiscales unirá a partidos que son opositores en las elecciones generales de 2017.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, en el pleno que se realizó en Guayaquil, la inscripción de 21 organizaciones entre políticas y sociales para que hagan promoción electoral en la consulta.

De los aprobados, 12 grupos apoyan el sí, 4 sujetos políticos y 8 sociales; mientras que por el no hay 6 agrupaciones políticas y 3 movimientos sociales, 9 en total. (Ver infografía).

A los ecuatorianos les preguntarán: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

Aunque son opositores en la contienda electoral el partido Avanza, liderado por Ramiro González, se inscribió para apoyar al SÍ en la propuesta realizada por el Jefre de Estado, quien preside el movimiento Alianza PAIS.

Otro opositor que apoya la iniciativa de Gobierno es el movimiento Fuerza Compromiso Social, del presidenciable Iván Espinel.

Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, explicó que el Código de la Democracia en el artículo 210 especifica que en el caso de una consulta el gasto electoral permitido durante la campaña “no podrá ser mayor al establecido para la elección de la máxima autoridad de la jurisdicción en la cual se realiza la campaña electoral”, en este caso la de Presidente de la República. Porque la consulta tiene carácter nacional.

Se trata de un cálculo técnico que está contemplado previamente para evitar suspicacias. Fue criticado por el líder de Avanza. González afirmó que su partido no está en busca de dinero, pero criticó que el monto sea tan bajo.

Justificó su apoyo por el sí. “Para nosotros se trata de una postura ética, ellos realmente no quieren que esto gane”, increpó. El dirigente de Avanza detalló que su partido no tiene un candidato con dinero en el exterior. Enfatizó que en la Asamblea, de llegar a alguna curul, van a proponer que ninguna persona pueda tener dinero fuera, no solo en paraísos fiscales, porque eso significa que no cree en su país.

González socializó la inscripción del partido para hacer campaña, sin embargo, uno de los dirigentes de Guayas recalcó que la iniciativa no se discutió.

Al respecto González resaltó que sí se efectuó el proceso, pero que ganó la mayoría. Los socialcristianos, quienes estuvieron junto a González hasta hace un par de meses, son uno de los 9 grupos en hacer campaña por el No.

En la última sesión del año de la entidad de control electoral se expuso que para la consulta, el Fondo de Promoción Electoral (FPE) será de $ 1’153.502, valor que se divide en dos ($ 576.751) para cada una de las opciones; es decir que, entre las agrupaciones que avalan el No (9), cada una de ellas tomará la suma de $ 64.083, y del mismo modo, para las que defienden el Sí (12) recibirán individualmente $ 48.062.

El Fondo es el monto económico que el Estado destina a las organizaciones políticas para la difusión de propaganda y publicidad electoral con base a los principios de igualdad y equidad, para difundir su propuesta a través de los medios de comunicación: televisión, prensa, radio y vallas publicitarias.

La inscripción de quienes deseaban realizar campaña electoral en el plebiscito concluyó a las 24:00 del 27 de diciembre. Una de las ventajas que dio el CNE es que los mismos medios de comunicación que estaban habilitados para promocionar a los candidatos para elecciones de 2017, también podrán hacerlo para la consulta popular.

El CNE detalló que son 535 proveedores de promoción, entre medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias, los que están habilitados.

El trámite se realiza a través del sistema habilitado en el Consejo y el pago se hace en días posteriores a la confirmación del proceso.

El tiempo de campaña electoral para las elecciones y para la consulta será el mismo. Iniciará el martes 3 de enero y concluye el 16 de febrero.

Durante los 45 días será el CNE la entidad que apruebe la publicidad que se emita para cualquiera de los dos procesos. (I)

DATOS

En la papeleta para la consulta popular hay una aclaración que explica la aplicación de la norma:

Por lo tanto en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su cumplimiento será causal de destitución.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la convocatoria oficial para la consulta popular el 22 de diciembre a través de una cadena nacional, que la protagonizó Juan Pablo Pozo.