Esta semana se inició la segunda fase de la consulta prelegislativa del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que incluye audiencias públicas con los actores sociales de las 490 organizaciones del país que se inscribieron para participar en el proceso.

Ayer una de las audiencias públicas se realizó en Guayaquil; el auditorio del edificio de la Corporación Financiera fue el escenario para que los asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria compartieran con los dirigentes sociales los resultados obtenidos de la encuesta que llenaron al inscribirse.

“Ellos nos devolvieron las respuestas y esos datos  se tabularon para obtener los resultados”, detalló Esthela Acero, legisladora por Pichincha.  La consulta se hizo en relación a los derechos colectivos. Pero durante las audiencias los líderes se pueden pronunciar sobre todo el proyecto.

Existe el 98% de acuerdos en las propuestas, manifestó la asambleísta Liuba Cuesta. Ella enfatizó la importancia de la socialización de la norma. Uno de los puntos en los que aún no existe un acuerdo es en la definición de hectáreas para definir los latifundios.

Sobre este tema, Acero detalló que en la Sierra hay comunidades en las que los agricultores no tienen más de media hectárea de terreno, pero junto a ellos hay haciendas con 1.000 o 1.500 hectáreas. “Creo que hay que ver los sectores y las periferias para que no existan tantas inequidades”, dijo la legisladora.   

La consulta prelegislativa fue un acuerdo al que se llegó en el pleno de la Asamblea. Este es un proceso que obliga la Constitución cuando alguna ley aborda los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos del país.

La consulta concluirá el 3 de julio y luego de ello se elaborará el informe para segundo y definitivo debate con los aportes obtenidos.

Los asambleístas detallaron que la Ley de Tierras es el pago de la deuda pendiente que se tiene históricamente con los agricultores. (I)