La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, calificó ayer su primer juicio político. Contó con el apoyo de los otros cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Así el sí de Cabezas se unió al del segundo vicepresidente Carlos Bergmann y los vocales Verónica Arias (RC), Luis Frenando Torres (PSC) y Patricio Donoso (CREO). La primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, se encuentra con permiso de maternidad.

La decisión es una de las consecuencias del audio que denunció el Fiscal, donde se escucha al expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano y el excontralor Carlos Pólit, quienes acuerdan la destitución de Baca Mancheno. Tras oír las explicaciones del primero y el último, el pleno aprobó con 103 votos el cese de funciones de Serrano y el juicio político contra Baca.

En ese contexto la segunda reunión del CAL a cargo de Cabezas se inició temprano por la mañana. El grupo ya había recibido el informe del juicio político por parte de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).       

Alrededor de una hora y media duró la sesión que tenía como único orden del día el juicio político.

La petición fue presentada por los asambleístas Henry Cucalón (PSC), Ximena Peña (AP), Roberto Gómez (CREO), René Yandún (BIN) y Guillermo Celi (SUMA), es decir cinco jefes de bancada.

Ningún miembro del bloque de la Revolución Ciudadana suscribió la propuesta.

El documento de 34 páginas estaba respaldado con la firma de 61 legisladores y detallaba que “el fiscal incumplió en sus funciones”. Así lo dijo Luis Fernando Torres.

Entre las pruebas presentadas se encuentra “la declaración juramentada de un policía sobre la forma que se habría incorporado el audio para el proceso y que fue objeto de conocimiento público en la Asamblea Nacional”, afirmó el asambleísta.

Torres añadió que solo se ha tomado en cuenta este tema. Otras investigaciones no fueron incorporadas por estar en proceso de indagación y podría darle nulidad al juicio político.

Todas las pruebas presentadas en la petición, dijo, son aquellas que Serrano entregó en su comparecencia ante el pleno. “El CAL revisó el informe y cumplía todos los requisitos”, confirmó Torres.

El siguiente paso para cumplir con el proceso le corresponderá a la Comisión de Fiscalización. Hasta el cierre de esta edición, el documento calificado se encontraba en la Secretaría General que deberá remitir a la mesa el documento.

Una vez que llegue ante la Comisión, los asambleístas deberán avocar conocimiento y notificar tanto al funcionario como a los peticionarios para que, en 15 días, presenten sus pruebas de cargo y de descargo.

“No me imagino que la Comisión archive la solicitud de juicio político después de los documentos y las pruebas contundentes presentadas por los peticionarios y después de que 103 legisladores resolvimos que se iniciara el juicio político al fiscal Baca”, dijo Torres.

Con la comparecencia de los asambleístas proponentes y de Baca, la comisión tendrá como máximo 10 días para elaborar el informe del juicio político y remitirlo a la presidenta Cabezas para que sea enviado a los 137 asambleístas.

Cabezas, además, deberá incorporar en el lapso de 48 horas el trámite dentro de la sesión del pleno posterior.

A pesar de que desde el lunes 26 de marzo se iniciará la vacancia legislativa, la Comisión de Fiscalización deberá seguir el proceso para cumplir con los tiempos previstos en la ley, advirtió Patricio Donoso.

Hoy se espera la reestructuración total del Legislativo, por tanto será la nueva mesa de Fiscalización la que continúe con el trámite, explicó el parlamentario. (I)

Hoy se define la nueva organización del Legislativo
La convocatoria fue confirmada. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, llamó para hoy a las 17:00 a los 137 asambleístas a debatir sobre la reestructuración del Legislativo.  

La reconformación implica el cambio de autoridades en las dos vicepresidencias, en las 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa y en las 12 comisiones permanentes.

Una de ellas es la Comisión de Fiscalización que tiene a su cargo el juicio político contra el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

María José Carrión, presidenta actual de la mesa, dijo que su interés es dejar la comisión y que, por tanto, será el nuevo presidente quien lleve adelante el trámite. Después de la primera sesión del CAL, el pasado 15 de marzo, la presidenta Cabezas planteó la necesidad de reestructurar. Para la legisladora por PAIS es criticable que existan vocales que no representan a bloques legalmente conformados.

Es el caso de la vicepresidenta Viviana Bonilla, ahora independiente, y de Soledad Buendía, ex-AP. (I)

Pleno pide presencia de ministros de Seguridad
Los ataques en la frontera norte fueron el principal tema de preocupación de los asambleístas en la sesión del pleno 507.

El primer cambio del orden del día llegó de la mano de Carlos Viteri (Revolución Ciudadana). El asambleísta pedía la comparecencia de los ministros del Interior, Defensa, Vivienda, el Jefe del Comando Conjunto y la Canciller. Con 52 votos afirmativos y 70 abstenciones -desde las bancadas de PAIS, Partido Social Cristiano e Integración Nacional-, el pleno no dio paso a la solicitud.

Después de solicitar un minuto de silencio por los tres militares víctimas del último atentado en Esmeraldas, Mae Montaño (CREO) tomó la palabra y también pidió la comparecencia, con carácter reservada, de los ministros de Defensa, Interior y la Canciller. Este pedido fue acogido con 94 votos a favor y 33 abstenciones de PAIS.

Desde el Partido Social Cristiano, Roberta Zambrano también pidió la comparecencia de los funcionarios ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad.

La solicitud fue acogida por todos los presentes. 127 asambleístas lo aprobaron. (I)

El Legislativo finiquita las reformas a la Ley del CPCCS
El 14 de mayo de 2019 el país tendrá un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que será elegido en marzo de 2019 en las elecciones seccionales.

Para el efecto, ayer el Legislativo trató en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley del CPCCS.

Aunque hasta el cierre de esta edición no se votó para aprobar la iniciativa, los asambleístas hicieron observaciones al mecanismo de filtración para los candidatos a consejeros.

Para la asambleísta Silvia Salgado es importante establecer una especie de mediación que permita regular el número de participantes a las elecciones.

Para el legislador por SUMA, Guillermo Celi, una de las inhabilidades que debería contener la ley es que se incluya que quienes concluyan las funciones en el CPCCS no puedan participar en las próximas elecciones seccionales, ni como candidatos a asambleístas o presidente y vicepresidente.

Después de 16 intervenciones, a las 15:15, Daniel Mendoza solicitó que se suspenda la reunión por una hora y así incorporar las observaciones en el texto. (I)