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Ejecutivo plantea sanciones proporcionales en casos de tráfico de combustible

El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera (d), explicó en qué consiste el proyecto de reforma al COIP, enviado por el Ejecutivo.
El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera (d), explicó en qué consiste el proyecto de reforma al COIP, enviado por el Ejecutivo.
Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO
06 de enero de 2016 - 12:40 - Redacción Política

Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia explicó los alcances de las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) presentadas por el Ejecutivo, este martes.

Luego de su comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para analizar el proyecto de reforma del artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el funcionario se refirió al planteamiento del Ejecutivo.

Una de estas contempla que la comercialización ilegal de hidrocarburos y sus derivados (incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles) sea sancionada en función de la proporcionalidad de la infracción con pena privativa de libertad.

El proyecto sustituye el artículo 264 del COIP. Establece que la persona que sin la debida autorización, almacene, comercialice o distribuya productos cualquier tipo de combustible, lo desvíe a un segmento distinto, cuya cantidad sea menor a 20 galones de productos derivados de hidrocarburos, o menor a 300 kilogramos de gas licuado de petróleo será sancionada con pena privativa de libertad de entre 6 meses y un año.

Si el desvío es igual o mayor a 20 galones de combustible o mayor a 300 kilogramos de gas licuado de petróleo, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 3 años.

Mera explicó que el presidente de la República Rafael Correa plantea esta modificación luego de que hace varias semanas conociera de un caso en el que un ciudadano cumplía una pena de prisión por el tráfico de 40 galones de combustible y estaba 5 años detenido.
"Ese fue un deseo del presidente que le pareció una pena desmedida y la pidió cambiar", expresó el funcionario.

Otra de las propuestas que envió el Ejecutivo también consta un proyecto para agilitar los remates en las aduanas y los procedimientos de subasta pública y destrucción de mercaderías aprehendidas e incautadas por delitos contra administración aduanera.

En el numeral tercero del artículo 557, se propone que la administración aduanera podrá ordenar la inmediata destrucción de las mercancías perecibles no aptas para el consumo humano que fueren aprehendidas por la presunta comisión de infracciones aduaneras.

Sin embargo, cuando las mercancías perecibles sean aptas para el consumo humano, la administración aduanera podrá adjudicarlas de manera gratuita e inmediata a la institución pública que lo requiera para el desarrollo y cumplimiento de su finalidad asistencial.

Previo a la destrucción o adjudicación el área administrativa aduanera competente deberá emitir un informe técnico e inventario, que servirá como informe pericial con carácter probatorio dentro de los procesos judiciales que se inicien.

Mera explicó que en la actualidad cuando se incauta mercadería, no se puede rematar porque se tiene que cumplir con procesos legales o hasta que haya una sentencia. "Estamos proponiendo que la mercadería sea rematada de inmediato", detalló.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, explicó que la reforma da paso a sanciones proporcionales al hecho que se comete. Reiteró que esta propuesta no plantea un endurecimiento, sino una reducción de mínimo a un año de prisión.

Esta versión ofreció la ministra durante el agasajo a 300 niños que son hijos de personas privadas de libertad, en el Palacio de Cristal del parque Itchimbía (centro norte de Quito).

Zúñiga indicó que para la aplicación mesurada de las pena se establecieron rangos mínimos por los casos de tráfico de combustible.

"No puede ser que una persona que sea sorprendida con 3 o con 4 tanques de gas por contrabando -que es un delito- tenga la misma sentencia que una persona que comete un delito a gran escala", explicó.

Este tema sería abordado mañana, jueves 7 de enero, en el Gabinete de Seguridad que se realizará con el Jefe de la Nación.

Zúñiga indicó que en esta cita también se abordarían los resultados de la política de seguridad que se aplicó en el Ecuador durante 2015.

La funcionaria recordó que en ese período se han reducido los índices de inseguridad, se han fortalecido los sistemas de rehabilitación dentro de los centro de privación de libertad. Además, dijo, se presentará cómo funcionan los brazaletes electrónicos que se encuentran en una primera fase de pruebas. (I)

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