Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de devolver un pedido de consulta popular sobre reelección indefinida al colectivo Compromiso Ecuador se debate la legalidad de este procedimiento jurídico.

La Corte Constitucional (CC), en un oficio, aseguró que el órgano electoral actuó sin fundamento cuando les remitió el expediente.

En noviembre último Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lasso, de CREO, entregó una pregunta al CNE y solicitó los formularios para la recolección de firmas que respalden la convocatoria a una consulta popular sobre la reelección.

Al siguiente mes, el organismo electoral negó este pedido y recomendó que se envíe la solicitud a la CC para un dictamen de procedimiento. Compromiso Ecuador envió al organismo electoral una nueva pregunta, pero el CNE la direccionó a la Corte, organismo que devolvió el documento al CNE el pasado 19 de marzo mediante un dictamen.

El constitucionalista Rafael Oyarte, en varias entrevistas analizó la pregunta que realizó Compromiso Ecuador. El jurista indicó que la interrogante implica cambios en la Constitución. A su criterio, esto no se puede hacer por medio de una consulta en general, sino a través de un mecanismo de enmienda o reforma parcial que está establecido en la propia Carta Magna.

El jurista aclaró que para solicitar una consulta popular pueden ser  temas generales, una reforma legal o sobre políticas públicas; o de características específicas como revocatorias de mandato, reforma o enmienda a la Constitución.

Explicó que para este tipo de consultas varía en la cantidad de firmas por recoger, entre 5%, 8% y hasta el 12% de firmas del padrón electoral, dependiendo del caso.

En su análisis Oyarte indicó que Compromiso Ecuador cometió 3 errores. Explicó que para modificar la Constitución se requiere un referendo, según la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es un texto concreto de reforma constitucional y eso no plantea el colectivo.

En otro punto, dijo que cuando se va a plantear una prohibición de tipo de reforma constitucional, hay que saber que no es por la vía de la enmienda, sino por la vía de la Asamblea Constituyente.

Los artículos 441 y 442 de laConstitución prohíben enmendar parcialmente la Carta Magna respecto al procedimiento de reforma constitucional.

El tercer error de Compromiso Ecuador, para Oyarte, fue solicitar al CNE los formularios para recoger firmas de respaldo. El artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige que en los casos de consulta popular, primero se obtenga el dictamen de procedencia de laCC y con ello, se soliciten las firmas. “El tema está tan mal planteado que es de imposible aprobación por parte de la Corte”, lamentó.

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Oyarte dijo que la CC tiene razón en cuestionar que el CNE no puede solicitar un pronunciamiento de un dictamen para consulta popular.

Explicó que los únicos que pueden iniciar consultas populares son el Presidente de la República, la ciudadanía y un órgano de poder público, como la Asamblea Nacional, en los casos de autorizar actividades extractivas en zonas protegidas.

En tanto, para el jurista Jorge Mora, “existe una clara intencionalidad de bloquear un proceso de consulta popular por el temor de que el Gobierno la pierda”.

En este caso, dijo que el proceso planteado por Compromiso Ecuador es “legal y factible”, pero no son “transparentes”, ya que “enredaron” los trámites.

Democracia Sí escogió otro camino

Mientras tanto, Diego Borja, integrante del colectivo Democracia Sí, que en diciembre pasado remitió a la Corte Constitucional un paquete de preguntas para ir a una consulta popular, dijo que este organismo “ha callado completamente” durante este tiempo y no ha enviado respuesta alguna respecto de la posibilidad de que la ciudadanía presente pedidos de consultas, por lo que está incumpliendo gravemente a un derecho constitucional.

Anticipó que el artículo 105 de la Ley de Garantías Constitucionales señala que si en un plazo de 20 días la CC no se pronuncia, virtualmente se da a entender que el trámite ha sido aceptado, y por lo tanto este colectivo podría acudir al CNE para solicitar los formularios.

Sostuvo “exigimos a la corte que dé paso a lo que la ciudadanía quiere”, esto, a su criterio, es que se pronuncie sobre la necesidad de ir a una consulta popular acerca de un tema como es la reelección del Presidente de la República.

Recordó que el artículo 104, de la Constitución, estipula que para una consulta nacional sobre temas constitucionales debe existir un dictamen previo de la CC, caso contrario sucederá como le ha ocurrido al otro grupo, a Compromiso Ecuador, que ha acudido al CNE y le dijeron que no era así el camino, ya que no fueron previamente a la CC. “En este caso nosotros sí hemos acudido primero a la CorteConstitucional”, recordó.

Estas declaraciones las emitió ayer en un canal de televisión, donde, además, sostuvo que existe “un  miedo claro de que se haga una consulta popular sobre temas que están en este momento tratados como enmiendas de una manera ilegal”. Incluso anticipó que si no hubiera ese aparente temor se daría paso a la consulta.

Insistió en que existe un interés político de defender la tesis gubernamental de que las enmiendas deben tramitarse en la Asamblea, donde los legisladores “son jueces y parte”, porque decidirán por una reelección indefinida donde ellos también se beneficiarían.

Por su parte, Gustavo Larrea, miembro del mismo colectivo, sostuvo que ellos ha respetado y han esperado, incluso, que la Corte tome una decisión, más aún cuando las preguntas que han presentado, a su modo de ver, son constitucionales; “pensamos- realizar plantones pidiéndole a la Corte que tome una resolución”.

Sostuvo que ellos han tomado el camino de presentar constitucionalmente las preguntas. (I)

DATOS

El 9 de diciembre del año pasado,  miembros del colectivo Democracia Sí acudieron a la Corte Constitucional para entregar 7 preguntas para convocar a una consulta popular.

Mientras tanto, la agrupación Compromiso Ecuador hizo lo propio el pasado febrero; pero la entrega la hicieron a los miembros del CNE. Era su segundo intento, luego de que el año pasado les rechazaron la primera solicitud.

Después de 2 días, el pleno del CNE les negó el pedido de entregarles formularios para la recolección de firmas, por incumplir el artículo 100 de la Ley de Garantías Constitucionales, es decir no tener dictamen previo de la Corte Constitucional.

Paralelamente la Comisión Ocasional de la Asamblea, que tramita las enmiendas, lleva un proceso de socialización de los artículos constitucionales. Este proceso terminará en noviembre, según el calendario establecido por los legisladores.